POR TANIA HIDALGO
El juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Alfredo Ríos Fabián, ordenó ayer la conducencia contra el sindicalista Juan Hubieres, Freddy Aguasvivas y otras diez personas que no comparecieron como testigos al juicio preliminar por el desfalco en la aplicación del Plan Renove.

El magistrado decidió aplazar el juicio para el 7 de abril próximo, además José Gregorio Javier Estrella, Juan Arístides Rodríguez, Ramón de la Cruz, Félix Francisco Sánchez, Rafael Antonio Jhonson, Juan Carlos Acosta Pérez, Rafael Aquino Bautista, Joaquín Díaz López, Manuel Mateo y Joaquín Freites.

A la audiencia, iniciada a las 10:20 de la mañana, acudieron todos los imputados, entre ellos, el israelí Sam Goodson, los ex secretarios administrativos de la presidencia Pedro Franco Badía y Siquió Ng de la Rosa, el vicealmirante retirado Ramón Emilio Jiménez hijo, así como los sindicalistas Fabio Ruiz Rosado, Antonio Marte Familia y Milcíades Amaro Guzmán.

Además, Diógenes de la Cruz Castillo, Ángel Rondón Rijo, Juan Julio (Jhonny) Morales, Gervasio de la Rosa.

De igual manera, el sindicalista Alfredo Pulinario (Cambita), el ex director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) Antonio Reynoso (Padre Toño), Blas Peralta y Freddy Méndez.

El grupo está acusado de supuestas irregularidades, a través del Plan Renove, por un monto de superior a los RD$1,800 millones.

Durante la audiencia fueron planteados incidentes por parte de los abogados de la defensa, especialmente, Félix Damián Olivares, defensor de  Goodson, quien señaló que su defendido no fue debidamente citado.

Dijo que pese a que envió una misiva al Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO) en la que hacía constar que era el abogado apoderado del caso, así como la disposición de su defendido a acudir a todos los requerimientos que se le hicieran, enterándose luego por la prensa que las autoridades del ministerio público habían solicitado a un juez de la instrucción autorizar la extradición del imputado.

Agregó que Goodson nunca fue notificado de la acusación, por lo que pidió al juez aplazar el proceso, para que se agoten los procedimientos correspondientes y garantizar los derechos de su representado.

En ese sentido, se expresaron también los abogados Carlos Balcácer, Radhamés Cornielle y Jhonny Fulcar, quienes defienden a Franco Badía, Morales y Gervasio de la Rosa.

Dijeron que las autoridades del ministerio público no les han permitido obtener copias del expediente de 1,800 páginas.

Cornielle manifestó que tiene constancia de que el ministerio público posee pruebas de descargo de algunos de los acusados, sin embargo, las ha retenido ilegalmente.

«En la medida que iban apareciendo las pruebas, el ministerio público debió ir informando gradualmente a la defensa», indicó.

De su lado, Balcácer pidió declarar nulas todas las actuaciones procesales del ministerio público, representado por el subdirector del Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), Otoniel Bonilla, el fiscal Ernesto Mena Távarez, de la Corte de Apelación de Santo Domingo; John Garrido, fiscal adjunto del Distrito Nacional y Francisco García, procurador adjunto.

Los fiscales acusaron a los abogados de la defensa de dilatar el proceso con peticiones capciosas y subjetivas.

El magistrado Ríos Fabián concluyó a las peticiones que todos los testigos y acusados quedaban debidamente citados para la próxima audiencia.

SENADOR SALAZAR

En momentos en que los acusados se presentaban ante el juez de la instrucción, llegó al tribunal el senador y dirigente del Proyecto Presidencial Hipólito (PPH), Hernani Salazar, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por Duarte.

La entrada del senador a la sala de audiencias llamó la atención, ya que el acceso estaba muy restringido y sólo se permitía la entrada de las personas cuyos nombres fueron ofrecidos previamente por el magistrado Ríos Fabián y, según se pudo constatar, éste no estaba en la lista.

El dirigente político había acudido también a la vista del entonces juez del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Víctor Martínez, para el conocimiento de las medidas de coerción contra los acusados del Plan Renove, a quien entregó un «papelito» en plena audiencia.

Luego aclaró que, el legislador solicitaba permiso para que se le permitiera su entrada a la sala junto a otros dirigentes de esa organización política.

En su sentencia, el juez Martínez ordenó la libertad de los ex funcionarios del pasado gobierno.

GOODSON SE DESLIGA

Por otro lado, Goodsom, quien llegó al país el pasado jueves en la noche al país para acudir a la audiencia, se desligó del fraude en el Plan Renove.

Aseguró que cuando vendió los vehículos para el transporte de pasajeros ofreció el mejor precio del mercado y tasa de interés para que el ex presidente Hipólito Mejía adquiriera 1,002 vehículos de la Hiunday Corporation US$40.8 millones.

Agregó que la acusación formulada en su contra es falsa y carente  de base legal.

«No soy político, ni trabajo para el gobierno, soy un empresario, yo vendí mis cosas, entregué mis cosas y más  de eso yo no sé», dijo a los periodistas, luego de la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

SEGURIDAD

Desde temprano los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) cerraron las calles aledañas al Palacio de Justicia, mientras que más de 60 agentes antimotines permanecían apostados  en las afueras del edificio.

Se restringió el paso de personas las oficinas de la fiscalía. En principio, decenas de transportistas se aglomeraron en las inmediaciones del Palacio de Justicia, pero al percatarse de las medidas de seguridad se iban retirando.

Similar situación se registraba a pocos metros de la entrada de la Segunda Sala Penal. Las autoridades policiales colocaron en cerco en los alrededores de la puerta y sólo se permitía el acceso de los periodistas y personas, cuyos nombres aparecían en una lista que entregó el juez.

El proceso concluyó pasadas las 2:30 de la tarde sin percances.