Un juez ecuatoriano ordenó el viernes la prisión preventiva de seis colombianos procesados como sospechosos del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, a quien familiares y simpatizantes dieron el último adiós dos días después del crimen que sacudió al país.

El asesinato de Villavicencio ocurrió el miércoles al término de un mitin, cuando recibió una ráfaga de disparos luego de haberse subido a una camioneta. La autopsia determinó que murió por un traumatismo craneoencefálico consecutivo, provocado por el “paso y salida de proyectil de arma de fuego”, según recoge el expediente fiscal del proceso.

El candidato fue llevado a una clínica cercana, pero falleció minutos después. Nueve personas resultaron heridas en el ataque, entre ellas una candidata a asambleísta y tres agentes de seguridad.

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Villavicencio, de 59 años, se caracterizaba por denunciar y confrontar a funcionarios públicos y empresarios presuntamente vinculados con actos de corrupción, y a grupos criminales a los cuales mencionaba directamente, junto a los nombres de sus líderes. Era crítico del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y su movimiento Revolución Ciudadana.

La prisión preventiva de los sospechosos fue ordenada en la audiencia de formulación de cargos luego de que la Fiscalía presentó 22 elementos probatorios y argumentó la conmoción social nacional e internacional generada por el crimen de Villavicencio, así como el alto riesgo de fuga de los extranjeros, informó el organismo en un comunicado en la red social X, antes llamada Twitter.

Los seis colombianos fueron aprehendidos la noche del miércoles en una vivienda en el sur de la capital. Otro implicado, que fue abatido en el cruce de balas durante el atentado, había sido detenido en junio por tenencia ilegal de armas, pero fue dejado en libertad.

Según el expediente judicial del caso, los procesados intentaron fugarse durante el operativo de detención. Además, algunos de ellos habían sido aprehendidos con anterioridad, pero fueron puestos en libertad con medidas sustitutivas que no cumplieron. También tienen causas pendientes por tráfico ilícito de sustancias.

El Ministerio Público expuso ante el juez los indicios levantados en la escena del crimen —entre ellos 64 casquillos de bala— y durante los allanamientos en varias zonas de Quito que permitieron la captura de los sospechosos. Entre los elementos presentados constan versiones de testigos, protocolos de autopsia, videos de cámaras de seguridad y una huella dactilar encontrada en una motocicleta abandonada, precisó el reporte.