Un juez local emitió ayer órdenes de registro para los teléfonos celulares de funcionarios del gobierno vinculados con un chat que desencadenó una crisis política que amenaza con poner fin al mandato del gobernador de Puerto Rico.
Una de las órdenes indica que los funcionarios gubernamentales utilizaron el chat para transmitir información oficial y confidencial a ciudadanos privados, lo que es una posible violación a las leyes éticas.
El portavoz del Departamento de Justicia Territorial, Kelvin Carrasco, dijo ayer que las órdenes fueron aprobadas durante la noche y que eran válidas para los que aún no han entregado sus teléfonos. No identificó a los funcionarios y se negó a dar más detalles.
La posibilidad de que algunos de los 12 miembros del chat, incluyendo a miembros y exfuncionarios del gobierno, enfrenten problemas legales incrementó la crisis en torno al gobernador Ricardo Rosselló.
Uno de los participantes del chat, el confidente y secretario de Gobernación de Rosselló, Ricardo Llerandi, anunció ayer su renuncia y señaló que él y su familia han recibido amenazas. “Los últimos días han sido sumamente difíciles para todos», declaró. “En esta coyuntura histórica me corresponde anteponer sobre cualquier consideración el bienestar de mi familia».
Durante la última semana y media, los manifestantes han salido a las calles de Puerto Rico en las protestas más grandes de la isla en al menos 15 años, para exigir la renuncia del gobernador en medio de una ola de indignación que estalló por la filtración de 889 páginas de conversaciones en las que se ve a Rosselló participar en un chat con contenido obsceno junto a algunos de sus principales asesores y al menos un cabildero.