El juez de la Primera Sala de Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Rafael Báez García, afirmó ayer que imponer a una persona el cumplimiento de una pena ininterrumpida provoca deterioro en las relaciones familiares y sociales del sujeto sentenciado, por lo que propone que en algunos casos sean implementados regímenes de cumplimiento de pena los fines de semanas y días feriados.
El magistrado indicó que ese tipo de condena sería aplicada en caso de delitos menores, con penas de corta duración y en delitos que no revistan gravedad y que el daño social sea poco trascendente.
Báez García hizo el planteamiento al dictar la conferencia “La ejecución de la pena en el sistema penal dominicano”, durante la inauguración de la maestría de derecho procesal penal que será impartida por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El juez de apelación entiende que la prisión debe limitarse a los casos en los que sea imprescindible, pues el encierro continuo genera daños y acelera el proceso de criminalización del individuo.
Indicó que a pesar de que la detención será de corta duración eso permitirá que el penado sea sometido a tratamientos especializados y terapia conductual que ayudaría a desarrollar su capacidad de respeto a la ley.
Manifestó que tal régimen de aplicación de pena sería aplicado de manera equivalente al número de día a los que equivalga la condena y en el mismo recinto penitenciario que disponga el tribunal.
Habría requisitos. Báez García dijo que la ejecución de pena durante fines de semana podría definirse como un mecanismo discontinuo de ejecución penal para los casos de infracción poca gravedad y que previamente sean sometidos a ciertos requisitos de orden médicos, familiar o laborar.
“Esta modalidad de cumplimiento consiste en una limitación de la libertad ambulatoria por periodo correspondiente a los fines de semana con duración mínima de 48 horas y que pudiera extenderse a 72 en los día feriados que le antecedan o sucedan”, expresó.
Indicó que a pesar de tratados internacionales convenios, pactos, constituciones y reglas, el modelo penitenciario tradicional continúa con hacinamiento, insalubridad, violencia, uso de drogas narcóticas y plagado de precariedades, hambre y corrupción.
Además de eso, dijo que a la situación se agregan estructuras penitenciarias y ambientes inadecuados para rehabilitar conductas.
Señaló que las condiciones están dadas para que en el futuro inmediato se produzca la actualización del catálogo punitivo en el Código Penal y sean insertados nuevos mecanismos de ejecución de pena adaptados a la realidad social y a la época.
La bienvenida la hizo el abogado José Parra, coordinador de la maestría, quien dijo que el objetivo del curso es proporcional a los participantes herramientas ‘dogmáticas’ para el ejercicio de la profesión en materia procesal penal.
A la actividad asistieron funcionarios de la UASD, docentes y estudiantes.