El juez Ramón Horacio González, catedrático de derecho internacional, sostuvo ayer que en la renegociación del acuerdo de extradición entre República Dominicana y Estados Unidos, las autoridades deben plantear que se prohiban las extradiciones de nacionales, además, que los imputados sean condenados y cumplan la pena impuesta en el país.

“El Estado no puede delegar sus obligaciones de juzgar y sancionar en el país los hechos delictivos que se hayan cometido acá y debe proteger, por un asunto de soberanía, a sus nacionales”, dijo el juez de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Recordó que la Ley de Extradición No.489 , del 2 de octubre de 1969, antes de su modificación en 1998 con la ley 278-98, prohibía la extradición de dominicanos. “El artículo 4 de la ley prohibía tajantemente que la República entregara a sus nacionales y disponía que esos nacionales que cometieran hechos delictivos que fueran reclamados por gobiernos extranjeros debían ser juzgados aquí y si eran condenados, cumplir su pena en el país. Criterio que yo comparto”, argumentó.