Juez que procesó a Cristina Fernández por operaciones Banco Central descarta detenerla

Argentine President Cristina Fernandez de Kirchner waves during the inauguration of the UNASUR headquarters in Quito on December 5, 2014.  AFP PHOTO / RODRIGO BUENDIA

 Buenos Aires.- El juez argentino Claudio Bonadio descartó hoy detener a la expresidenta Cristina Fernández en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en operaciones del Banco Central (BCRA) realizadas durante su Gobierno (2007-2015), por la que la procesó en mayo pasado.

“Procesalmente, no están dadas las cuestiones que hacen a una posible orden restrictiva de la libertad” de la exmandataria, apuntó el magistrado federal en declaraciones a Radio Nacional, en las que hizo hincapié en que dicha medida se aplica “en contadísimas ocasiones”, cuando “no hay absolutamente ninguna otra opción”.

El pasado viernes la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el procesamiento de Fernández y de los otros 14 acusados -entre ellos, el exministro de Economía de la Nación y actual diputado nacional Axel Kicillof- en la causa que investiga la venta, por parte del Banco Central, de contratos de futuros de dólar al final de su mandato.

Además, ratificó el embargo por 15 millones de pesos (unos 967.000 dólares). Ambas medidas habían sido dictadas en mayo por Bonadio -a cargo de otras dos causas judiciales en las que está implicada Fernández- al considerar que en esas operaciones hubo “administración infiel en perjuicio de la administración pública”, sentencia que fue apelada en septiembre por la expresidenta y el resto de los implicados.

La investigación apunta a que, de la diferencia entre el precio pactado y el del mercado de la venta de dólares a futuro, se registraron millonarias pérdidas para la entidad bancaria.

Este lunes, Carlos Beraldi, uno de los abogados de la expresidenta, señaló que la resolución del viernes sigue la línea de la dictada hace seis meses “en cuanto a que se trata de meras suposiciones, especulaciones, prejuicios y carece de todo argumento fáctico y jurídico” porque “no hay ni pruebas ni argumentos de derecho que sostengan un procesamiento tan grave”.