El juez Danilo Amador Quevedo, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, validó ayer el acuerdo firmado entre la Procuraduría General de la República y la constructora Odebrecht mediante el cual el Gobierno renuncia a procesar judicialmente a los empleados de esa empresa involucrados en un millonario esquema de sobornos, y permite que esta continúe sus operaciones a cambio de información y el pago de una multa de US$184 millones.
El acuerdo, sustentado en el “Criterio de Oportunidad en Casos Complejos”, previsto en el artículo 370.6 del Código Procesal Penal, permitirá al país conocer, a más tardar el próximo 19 de mayo, a los funcionarios y exfuncionarios dominicanos que recibieron los más de US$92 millones pagados en sobornos por Odebrecht.
También las circunstancias en que esos sobornos se dieron.
La euforia del procurador. El procurador general, Jean Rodríguez, quien no hablaba a la prensa desde el pasado 22 de enero, cuando anunció por primera vez la firma del acuerdo que le fue denegado el primero de marzo por el juez Alejandro Vargas, accedió ayer “con gusto” a atender la petición de periodistas, para hablarles sobre las buenas nuevas.
Calificó la homologación del convenio como un paso de avance trascendental en la lucha contra la corrupción, porque acelera la investigación y pone más cerca el encarcelamiento de los que aceptaron los sobornos.
Dijo que aunque el acuerdo establece que Odebrechet tiene un plazo de 60 días a partir de la validación del mismo para entregar informaciones, el consorcio brasileño se comprometió a entregar a la PGR “la lista de los sobornados, todos los testimonios, documentos, archivos, libros, registros y cualquier otro medio de prueba que tenga en su poder”, a más tardar el 19 de mayo próximo, así como cualquier otras informaciones que le sean requeridas.
Afirmó que con esas informaciones, las que suministrarán las autoridades brasileñas, y las recabadas en las investigaciones que se realizan aquí desde diciembre pasado, “completaremos el rompecabeza para someter a la justicia a los corruptos sin importar quiénes sean”.
Resaltó que con el acuerdo, a Odebrecht se le ha confirmado la sanción prevista en la Ley 448 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, sin necesidad de un largo juicio.
Admisión de hechos. Odebrecht admitió que entre los años 2001 y 2014 realizó pagos por US$92 millones a funcionarios del Gobierno, directamente o a través de intermediarios “a los fines de facilitar o asegurar ciertos contratos de construcción de obras de infraestructura, y que estos pagos eran realizados a través de fondos no registrados en los libros contables y desde su División de Operaciones Estructuradas, “y que fue capaz de influir en los presupuestos gubernamentales para ciertas obras y en operaciones de financiamiento para ciertos proyectos” en República Dominicana.
Se comprometió a pagar al Estado US$184 millones, (el duplo de los sobornos), de los cuales hizo un adelanto de US$30 millones. Los restantes US$154 millones los pagará en cuotas anuales hasta el año 2025.
En caso de incumpliento de estas y otras obligaciones asumidas en el contrato, el MP tendrá facultad de dejarlo sin efecto y reiniciar la acción penal en contra de Odebrecht, sus empresas filiales y relacionadas, como si el indicado acuerdo nunca hubiese existido, reteniendo siempre los pagos ya recibidos.