Un tribunal rechazó la petición del Ministerio Público de prisión preventiva contra los propietarios del edificio donde funcionaba la tienda Multi Muebles, que se derrumbó el 18 de enero de 2023 en la provincia La Vega.

En cambio, el magistrado que conoció la solicitud de medida de coerción, impuso contra los dueños de la edificación colapsada presentación periódica e impedimento de salida.

Las informaciones fueron ofrecidas por el abogado Félix Portes, quien consideró la decisión del juez como «excelente».

Se recuerda que el colapso del edificio que albergaba la empresa R & S Multi Muebles, S.R.L. se produjo en fecha 18 de enero del año 2023, en la calle Las Carreras, esquina Sánchez del municipio La Vega, provincia La Vega, aproximadamente a las 12:05 de la tarde.

Tras el colapso del edificio resultó muerta Yasiris Joaquín de Jesús, de 30 años de edad, mientras que otras tres jóvenes empleadas resultaron heridas.

Le puede interesar: Caso Jairon González es una mega estafa, según el Ministerio Público

Las autoridades señalaron que las evidencias obtenidas en el transcurso de la investigación hacen presumir de manera razonable que allí se realizaban trabajos de construcción sin contar con los permisos del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (Codia) ni del Departamento de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de La Vega, que son las autoridades competentes para autorizar cualquier tipo de construcción o modificación.

Explicaron además que las demoliciones y modificaciones, además de haber sido ejecutadas sin las autorizaciones de los organismos previstos por las leyes y los reglamentos, se realizaron con empleados dentro de la estructura, lo que provocó que al momento del colapso quedarán varias empleadas aplastadas entre los escombros, entre ellas Yasiris Joaquín de Jesús, quien falleció y sus compañeras que resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Precisaron que los imputados inobservaron las medidas de cuidado o las diligencias de precaución correspondientes, cometiendo un hecho ilícito que, aunque no fue ejecutado con intención dolosa de por medio, pero por el descuido e inaplicación de las normas, su conducta se enmarca en un delito culposo sancionado por el Código Penal.

La calificación jurídica que le otorgó el Ministerio Público a la conducta cometida por los investigados Jesús María Sánchez Lantigua y Jorge Alberto Rosario Marte es de violación al Código Penal Dominicano que tipifica el homicidio involuntario y los golpes o heridas involuntarios.

También al Decreto 670-2010, Reglamento R-021, Reglamento General de Edificaciones y Tramitación de Planos (Decreto 576-06), Ley 687-82, que crea un Sistema de Elaboración de Reglamentos, técnicas para preparación y ejecución relativos a la Ingeniería, la Arquitectura y ramas afines, así como la Ley 62-00 sobre el Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Agrimensura y Profesiones afines.