Madrid, (EFE).- El juez que investiga los atentados terroristas que dejaron 191 muertos en Madrid el 11 de marzo de 2004 explica en el auto de procesamiento de 29 implicados, que emitió hoy, cómo se gestó la célula terrorista autora de la matanza.

El magistrado de la Audiencia Nacional Juan del Olmo confirmó hoy los 29 procesamientos que dictó el 11 de abril pasado en relación con dichos atentados, atribuidos a la red Al Qaeda, contra cuatro trenes en los que murieron 191 personas y resultaron heridas más de 1.500, españolas y de otras quince nacionalidades.

En el auto del 11 de abril, Del Olmo anunció el procesamiento de 29 de los 116 imputados, de ellos nueve españoles, quince marroquíes, dos sirios, un egipcio, un argelino y un libanés.

El juez ha concluido el sumario y ha elevado la causa para su enjuiciamiento, que podría celebrarse en diciembre o enero próximos.

En el auto conocido hoy, el magistrado relata los hechos desde la llegada a España de Rabei Osman El Sayed Ahmed, alias «El Egipcio» -al que considera uno de los autores materiales de los atentados- y de las relaciones personales que mantenían entre sí los 29 procesados «a fin de fijar en lo posible las (sus) actividades».

En el nuevo auto, que consta de 197 páginas, Del Olmo señala que desde su llegada a España, «El Egipcio» destacó por sus «manifestaciones radicales islamistas y su labor proselitista neosalafista», lo que motivó que la Policía comenzara a investigarle y vigilarle.

Durante 2002, la Policía determinó la existencia de un grupo neosalafista del que formarían parte, entre otros, Serhane Ben Abdelmajid Fakhet, «El Tunecino», uno de sus líderes que se suicidó el 3 de abril de 2004 en Leganés; Said Berraj y Mohamed Afalah, ambos en busca y captura, y el procesado marroquí Mohamed Larbi Ben Sellam.

Este grupo mantenía reuniones «de carácter secreto y con medidas de seguridad muy estrictas», según Del Olmo, en las que trataban materias que giraban en torno a la «exaltación» de la «Yihad» y al que se unieron los procesados Jamal Zougam, marroquí, y Rabei Osman El Sayed Ahmed, «El Egipcio».

En ese mismo año, Larbi Ben Sellam defendía que no era necesario trasladarse a Afganistán, Chechenia u otros países musulmanes en conflicto para hacer la «Yihad», ya que ésta podía hacerse «en los territorios donde se residía (España y Marruecos)», pensamiento que se fortaleció a principios de 2003, con motivo de la invasión de Iraq por parte de Estados Unidos y Reino Unido y en la que participó España.

Por este motivo, destaca el auto, «se señaló la posibilidad de cometer una acción terrorista en territorio español».

De esa intención fueron conocedores los procesados Basel Ghalyoun y Almallah Dabas, ambos sirios, y el marroquí Fouad El Morabit Anghar en el verano de 2003, época en la que Jamal Ahmidan, «El Chino», otro de los suicidas de Leganés, llegó a España.

«El Chino», que había huido de España en 2000, retomó los contactos que previamente había tenido con los hermanos Rachid y Mohamed Oulad Akcha, muertos en la explosión del piso de Leganés, con los procesados Abdelilah El Fadoual El Akil y Rachid Aglif, marroquíes, el libanés Mahmoud Slimane Aoun, y su primo marroquí Hicham Ahmidam, todos ellos dedicados a «actividades delictivas».

En esta época, uno de los procesados, Rafa Zouhier (marroquí), confidente policial, comunicó que «había unos asturianos que en Madrid estaban ofreciendo sustancias explosivas a cambio de droga o de dinero».

Así, la Policía determinó que los que pretendían vender los explosivos a los presuntas terroristas eran los procesados españoles José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro Castro que, junto con Carmen Toro Castro, mantuvieron varias reuniones con «El Chino», Aglif y Zouhier a finales de 2003.

En estos encuentros acordaron el intercambio de droga por explosivos que provenían de una mina de Asturias (norte Español), cuyo responsable era el procesado Emilio Llano, y que fueron trasladados a Madrid en diferentes viajes realizados por los también procesados Sergio Alvarez y Antonio Iván Reis.

También están procesados los españoles Raúl González e Iván Granados que, según el auto, contactaron telefónicamente con Suárez Trashorras.

Ya, a principios de 2004, los presuntos terroristas alquilaron una finca en Chinchón (Madrid) donde residieron los procesados Hamid Ahmidan y Otman El Gnaoui (marroquí) junto con el resto de la célula terrorista y en la que pretendían «albergar de forma segura» los explosivos.

Una vez iniciados los preparativos de los atentados, otro procesado marroquí, Abdelmajid Bouchar, a quien el juez también considera autor material de la masacre, viajó a Bélgica junto con Afalah para contactar con los hermanos marroquíes Mimoun y Youssef Belhadj, éste último procesado en la causa y ambos encuadrados en la red de apoyo del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM).

El auto señala que los procesados Mohamed Bouharrat (marroquí) y Nasreddine Bousbaa (argelino) se encargaban de obtener el material necesario (pisos francos, pasaportes falsos) para garantizar la seguridad de la célula.

A principios de marzo, los terroristas adquirieron los teléfonos móviles que después utilizarían como detonadores de los explosivos y también realizaron las gestiones para alquilar una vivienda en la ciudad andaluza de Granada (sur) con la intención de ocultarse tras los atentados.

El 10 de marzo, en la finca de Chinchón, se prepararon los terminales telefónicos componentes de los trece artefactos explosivos que estallaron al día siguiente, 11 de marzo, en cuatro trenes de la línea que une Alcalá de Henares y Madrid-Atocha. EFE