MÉXICO (EFE).- Un juez denegó ayer el arresto del ex presidente de México Luis Echeverría por genocidio, un delito que según organismos de derechos humanos es difícil de probar, aunque el acusado todavía no se ha librado de ser enjuiciado.

Ignacio Carrillo, el fiscal que acusó a Echeverría y a otros funcionarios de su gobierno por una matanza de estudiantes en 1971, apelará ante un tribunal unitario la decisión del juez que denegó la orden de arresto, confirmaron a EFE fuentes de la acusación.

Otros de los señalados por el fiscal como responsables de la muerte de decenas de estudiantes en una manifestación en Ciudad de México son el ex secretario de Gobernación Mario Moya y el ex fiscal general Julio Sánchez Vargas.

El juez José César Flores consideró prescrito el delito de genocidio que se imputa al ex gobernante y a sus antiguos colaboradores.

El secretismo ha rodeado el caso en las últimas 48 horas y por el momento se desconocen los nombres de todos los acusados, aunque se da por hecho que además de los citados, está el general Manuel Díaz, señalado como el creador del grupo paramilitar Los Halcones, que mató a tiros a decenas de estudiantes.

Defensores de los derechos humanos lamentaron la decisión del magistrado, quien había recibido el voluminoso expediente con la investigación sobre el caso el jueves pasado, y esperó a la mañana de este sábado para pronunciarse.

Julio Mata, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, criticó el hecho de que el fiscal Carrillo hubiera alegado el delito de genocidio en su acusación, como si hubiera querido expedir «un boleto para la impunidad» al ex presidente.

«Es un delito muy complicado de demostrar», afirmó a EFE Mata, para quien «en México no hay acceso a la justicia, y la corrupción favorece la impunidad».

Añadió que el gobierno del presidente Vicente Fox, quien creó la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, que encabeza Carrillo, «aparenta que se respetan los derechos humanos».

El periodista y abogado Miguel Angel Granados sostuvo, en declaraciones radiofónicas, que hubo una «presión importante» del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el ex presidente Echeverría, y del Ejercito «sobre el riesgo de emitir una orden de aprehensión».

Agregó que «pudo haber un canje» entre el gobierno de Fox, del Partido Acción Nacional, y el PRI, que consistiría en beneficiar a «Echeverría a cambio de la reforma de ley del Instituto Mexicano del Seguro Social», que sufre una grave crisis financiera.

 «Es un juez bisoño, tiene apenas tres años en el cargo, se formó en una universidad no muy prestigiada, la Universidad Autónoma Popular de Puebla, fundada hace 30 años por el conservadurismo y anticomunismo más sonado en Puebla, de modo que podría tratarse de un pronunciamiento de criterio jurídico», sostuvo.

También señaló que influye el hecho de que en México nunca se había llevado un caso de genocidio.

Joel Ortega, integrante del Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía Especial, dijo que si bien esta decisión es un revés, «la batalla no se ha perdido, el juego apenas comienza».

La guerra sucia en México se prolongó en las décadas de 1960, 1970 y 1980, y durante ese periodo negro de la historia desaparecieron más de un millar de personas, según organismos de derechos humanos, aunque también fueron asesinados más de 200 miembros de las fuerzas de seguridad.

En el caso de que el tribunal ante el cual apelará la fiscalía especial ratifique la decisión del juez de beneficiar a Echeverría, los acusadores pueden llevar el caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según fuentes jurídicas.

La defensa de Echeverría basa su argumentación en que en el caso de los estudiantes no hubo un genocidio porque no se intentó destruir a grupo poblacional alguno y en que el delito prescribió en 2001.

«En el caso de que se hubiese tratado de genocidio, el tratado (internacional) que se pretende aplicar para la imprescriptibilidad del delito entró en vigor en 2002 y no se puede aplicar retroactivamente porque la Constitución lo prohíbe», dijo el abogado de Echeverría, Juan Velázquez. EFE