El juez presidente de la Cámara Penal de La Romana Carlos Peña Martínez, se inhibió hoy de conocer un recurso de amparo en contra de la Fiscalía de esa jurisdicción, por el presunto traslado irregular del recluso Juan Tomas Richiez Ditrén, quien lleva nueve meses preso sin conocerle medida de coerción.

El abogado Salvador Catrain definió la accción como un acto de «cobardía» del presidente de la Cámara Penal, que a su entender se desprende de las amenazas por parte de la fiscal Reina Yaniris Rodríguez Cedeño. ,

“La fiscal de La Romana tiene los jueces penales secuestrados, amordazados, amenazados y por eso el día de hoy ese magistrado se inhibió, no tuvo ninguna razón de Derecho para inhibirse”, refirió.

Indicó que el respeto a los derechos fundamentales está por encima de todo porque se trata de un aspecto amparado por la Constitución de la República «y el juez se inhibe por la presión que ejerce en él y con todos los jueces la fiscal Rodríguez Cedeño».

Dijo que Richiez Ditren está prácticamente «secuestrado», sin orden de un funcionario judicial competente del recinto carcelario de La Romana y llevado al Centro Correccional Anamuya, sin orden judicial escrita y motivada.
Señaló que el reo fue sacado de su celda el pasado sábado 4 de mayo de 2019, presuntamente por la fiscal Reina

Yaniris Rodríguez Cedeño, quien alegadamente penetró al recinto carcelario acompañada de un contingente policial de forma «clandestina, subrepticia y a modo de secuestro se llevó al recluso».

Catrain dijo que con esa acción la fiscal viola la Constitución de la República.

“Ese reo no tiene medida de coerción ni tampoco está condenado, por lo que no puede ser sometido al régimen penitenciario del nuevo modelo como lo ha sometido la fiscal Rodríguez Cedeño”, dijo.

“No le permiten ponerse ropa ni coger sol, lo mantienen encerrado en una solitaria”, agregó.

En el recurso de Amparo se busca que Richiez Ditrén sea retornado nuevamente de manera inmediata a la cárcel preventiva de La Romana, recinto penitenciario donde se encontraba recluido originalmente, hasta tanto se conozca y se decida la solicitud de medida de coerción que se mantiene pendiente en su contra.

En el recurso de Amparo los abogados Salvador Castrein, Francisco Manzano y Osvaldo Cruz Báez, solicitan una condena de 50 mil pesos diario como sanción económica (astriente) a la Procuraduría Fiscal de La Romana, por cada día de retardo en la ejecución de la decisión constitucional relativa al Recurso de Amparo.

El Amparo es interpuesto como consecuencia de la presunta arbitrariedad e Ilegalidad del traslado ejecutado.