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El juez de la Primera Sala Penal del Distrito Nacional, Francisco Ortega, se reservó el fallo del proceso seguido contra los comentaristas de televisión Abigaíl Soto y Abigaíl Peña, acusados de difamación e injuria en perjuicio de Rafael G. Santana.
El magistrado tomó la decisión luego de escuchar el dictamen del representante del Ministerio Público, Juan María Castillo, quien solicitó al tribunal declarar prescrita la querella y, por ende, descargar a los acusados.
Los comentaristas de televisión, al ser interrogados en el tribunal, negaron que acusaran al periodista Rafael G. Santana de tener dos puntos de ventas de drogas en Cristo Rey y Capotillo y manifestaron que el video en el que ellos aparecen haciendo la denuncia, se trata de un montaje similar al que le hicieron a través de una cinta al entonces candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y presidente electo Leonel Fernández.
Un día antes de las elecciones del pasado 16 de mayo se dio a conocer una cinta en la que se escucha supuestamente la voz de Fernández instruyendo a una persona, no identificada, a sacar dólares del país, para perjudicar el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Esto fue negado por el presidente electo y su organización política.
Soto y Peña insistieron en que no han difamado a nadie y que se trata de un montaje, pese a existir una certificación de Color Visión que establece que ambos comunicadores aparecen en la sección de comentarios del programa Super Revista.
En sus conclusiones, el abogado de la defensa, Yeper Suncar, solicitó declarar la prescripción del proceso y el descargo de sus representados.
En tanto, la parte civil constituida, representada por José Mir, manifestó que se habían conocido más de cinco incidentes por prescripción, siendo estos argumentos rechazados mediante sentencia por el magistrado Ortega.
En sus conclusiones, Mir pidió que los comentaristas fueran condenados al pago de cien millones de pesos a favor de Santana como justa reparación a los daños morales causados.
La demanda contra Soto y Peña fue interpuesta vía directa el 21 de agosto del 2001. El 26 de junio del 2002, los acusados interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia una demanda en declinatoria por sospecha legítima en contra del juez Ortega, la cual fue rechazada, mediante la resolución 865-2003.
