Juez se reserva fallo sobre pedido libertad Ramón Báez Figueroa

Juez se reserva fallo sobre pedido libertad Ramón Báez Figueroa

El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Eduardo Sánchez Ortiz, se reservó ayer en la tarde el fallo sobre la solicitud de libertad bajo fianza para dos altos ejecutivos del Banco Intercontinental (BANINTER) acusados de un presunto fraude de más de RD$55,000 millones, para darlo a conocer dentro de un plazo de 72 horas, en virtud de la Ley de Fianzas.

Sánchez Ortiz, al concluir la audiencia que se extendió por más de ocho horas, aseguró que será el jueves cuando se sabrá si Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco serán beneficiados con la fianza.

En la audiencia, que se inició a las 10:00 de la mañana en la Duodécima Sala Penal del Distrito Nacional, sólo se permitió la entrada de los abogados de la barra de defensa, integrada por Marino Vinicio (Vincho) Castillo, sus hijos Vinicio y Juárez Castillo Semán, así como Antonio Delgado; la parte civil constituida representada por Ramón Pina Acevedo, Artagnán Pérez Méndez, Carlos Salcedo y Félix Lorenzo Fermín, mientras que por el Ministerio Público estuvo presente Ingrid Hidalgo, coordinadora del Departamento Criminal de la Fiscalía.

Al presentar sus argumentos sobre la solicitud de libertad bajo fianza, la barra de la defensa sostuvo que es inminente la libertad de sus defendidos, en virtud de la Constitución, las disposiciones del Derecho Internacional y la resolución 1920 emitida el 13 de noviembre pasado por la Suprema Corte de Justicia.

«En este caso concurren todas las condiciones esenciales que favorecen su otorgamiento, pues resulta obvio que esta decisión no constituiría, en modo alguno, un foco de perturbación ni de peligrosidad para la sociedad, toda vez que carecen de antecedentes delictivos y las autoridades judiciales y del ministerio publico tendrían la completa garantía de que nuestros defendidos estarían prestos a satisfacer los requerimientos judiciales y los actos procesales», precisaron los abogados, encabezado por el doctor Castillo Rodríguez.

Durante el debate, la parte civil constituida alegó que los altos ejecutivos de BANINTER deben permanecer en prisión toda vez que están acusados de violar la ley 72-02 sobre Lavados de Activos, la cual prohibe en su artículo 30 otorgar fianzas.

«Entendemos que en el caso de la especie no procede suspender el estado de prevención que afecta a los inculpados, ante la evidente abundancia de indicios existentes que los comprometen con los hechos fraudulentos en los cuales se les sindica una participación directa», indicaron los abogados de la parte civil.

En tanto, el Ministerio Público, a través de la ayudante del fiscal Ingrid Hidalgo, pidió que la solicitud de libertad bajo fianza sea declarada inadmisible, ya que Báez Figueroa y Báez Cocco están acusados de violar la ley 72-02.

La vista se realizó sin la presencia de los acusados, que se encuentran recluidos desde hace varios meses en la cárcel de Najayo, San Cristóbal.

[b]SIN PERIODISTAS[/b]

A primera hora de la mañana los policías judiciales recibieron instrucciones de la oficina administrativa del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, para que sólo permitieran el acceso al tribunal de los abogados de la defensa, la parte civil constituida y el ministerio público.

El magistrado Sánchez Ortiz, al ser consultado al respecto, aclaró que en la resolución de la Suprema Corte de Justicia se habla de vistas, pero no especifica si son vistas públicas, al tiempo de señalar que la misma se realizó en cámara de consejo.

Asimismo, agregó que las vistas se pueden realizar sin la presencia de los acusados.

Sin embargo, esta situación provocó irritación en los abogados de la defensa, quiénes alegaron que la resolución establece el principio de la oralidad, contradicción y publicidad.

Báez Figueroa y Báez Cocco están presos desde el 14 de mayo de este año acusados de un fraude por RD$55,000 millones en el Banco Intercontinental (BANINTER), en cuyo expediente figuran además Vivian Lubrano de Castillo, Luis Alvarez Renta y Jesús María Ferrúa.

Álvarez Renta está en Estados Unidos a dónde las autoridades le permitieron viajar, mientras que la señora Lubrano de Castillo está en libertad.

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