Buenos Aires.   EFE.  Una organización humanitaria argentina denunció penalmente a un juez de la Corte Suprema al argumentar que en al menos tres inmuebles de su propiedad funcionan prostíbulos en los que trabajan mujeres paraguayas y dominicanas en su mayoría. La denuncia fue presentada ante la Procuración General de la Nación por la Fundación La Alameda, cuyo vicepresidente, Mario Ganora, dijo ayer a Efe que “no es creíble” la versión del juez Eugenio Zaffaroni, quien se desmarcó del escándalo y se declaró víctima “del amarillismo y del hostigamiento mediático».    Ganora explicó que la presentada este jueves es una ampliación de la denuncia hecha por su ONG en 2009 sobre la existencia de 163 prostíbulos en la capital del país.   “En aquel momento sólo teníamos las direcciones, pero en los últimos días aparecieron notas periodísticas que denuncian que tres de esas propiedades pertenecen a Zaffaroni”, apuntó.   El abogado dijo que   existe la posibilidad de que el juez   “haya violado la ley que prohíbe la existencia de prostíbulos en Argentina o   que sólo haya  encubrimiento».