El juez Alejandro Vargas recesó por media hora la audiencia donde se le conoce medida coercitiva a los encartados en la Operación Anti Pulpo.

Aprovechó además para solicitarle a los fiscales del Ministerio Público que sean más breve en la lectura del expediente en contra de las  10 personas acusadas de pertenecer a un supuesto entramado de corrupción administrativa.

“Ojala el Ministerio Público puede hacer un relato sucinto de la iniciativa… porque si no nos vamos a terminar en el tiempo previsto”.

Al inicio de la audiencia Vargas manifestó su interés de que la audiencia concluya antes del inicio del horario de toque de queda, en virtud de que carece del permiso de circulación.

En el expediente acusatorio figuran los hermanos Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez. Además, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y  Wacal Vernavel Méndez Pineda. 

“Este ha sido un entramado de corrupción que ha encontrado el Ministerio Público en su investigación y que hemos dicho públicamente que ha funcionado como un pulpo”, planteó Camacho.  “Porque de lo que se ha tratado es de que la cabeza operativa de este entramado de corrupción ha tenido tentáculos en diferentes instituciones del Estado”, añadió.

El titular de la Pepca insistió en que el tráfico de influencia era clave en el entramado delictivo en el que operó Juan Alexis Medina Sánchez como un pulpo y que aprovechó la conexión política con la gestión presidencial de su hermano.

Citó entre las dependencias que favorecieron al entramado del Pulpo a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), una dependencia que, por su ubicación en el organigrama estatal, tiene como superior directo a la Presidencia de la República, la cual estaba bajo la responsabilidad de Danilo Medina Sánchez.

Finalmente, a través de la Fundación Tornado Fuerzas Vivas, que también tenía domicilio en la 27 de Febrero 328, el grupo invertía parte de los fondos que había obtenido de manera fraudulenta en proyectos políticos oficialistas que permitieran mantener el modo operativo que les rentaba tantos beneficios, resaltó Camacho.