Hoy 
El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Eduardo Sánchez Ortiz, aplazó el fallo sobre la solicitud de libertad provisional bajo fianza presentada por los banqueros Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco para darlo a conocer con la decisión final de la sumaria del expediente del presunto fraude del Banco Intercontinental (BANINTER).
Asimismo, el juez fijó para el martes la continuación de la vista para decidir si emite mandamiento de prisión provisional contra el grupo acusado de un fraude de RD$55,000 millones en la intervenida entidad bancaria, para lo cual ordenó la comparecencia de Vivian Lubrano de Castillo y Luis Álvarez Renta, además de Báez Figueroa y Báez Cocco. Tanto Lubrano de Castillo como Álvarez Renta fueron excarcelados cuando alegaron problemas de salud. A Álvarez Renta se le permitió salir del país.
De igual manera, Sánchez Ortiz decidirá el martes sobre la solicitud de remisión de documentos, planteada al tribunal por los abogados de Báez Figueroa y Báez Cocco.
En cuanto a la solicitud de sobreseimiento del proceso hasta
tanto sea conocido por un tribunal administrativo, tal como lo pidieran los doctores Marino Vinicio Castillo, Juárez y Vinicio Castillo Semán y Antonio Delgado, abogados de los altos ejecutivos de BANINTER presos en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, el juez decidió posponerlo para emitir una decisión conjuntamente con la decisión final, ya sea una providencia calificativa o un auto de no ha lugar.
Marino Vinicio (Vincho) Castillo acusó al juez de estar parcializado con el Gobierno y de emitir una decisión «desastroza
y vergonzosa».
Afirmó que a partir de hoy recurriran a una serie de recursos, incluido la apelación de la decisión.
Calificó como abusiva, arbitraria, parcial e incalificable la actuación del juez de Instrucción.
«Evidentemente, él (Sánchez Ortiz) está profundamente parcializado a las presiones y los intereses de la acusación», indicó.
Agregó que el juez Sánchez Ortiz tiene seis meses recibiendo una gran cantidad de documentos «que nosotros no conocemos y cuando le planteamos que necesitamos conocerlos para poder responder a una serie de aspectos de la acusación, nos dice que tenemos que esperar hasta el martes».
En los debates originados en la vista, el consejo de defensa de Báez Figueroa solicitó al juez Sánchez Ortiz sobreseer el conocimiento de la emisión o no de un mandamiento de prisión provisional para que el caso sea conocido previamente en un tribunal administrativo como lo establece la Ley Monetaria y Financiera.
Asimismo, que falle y decida sobre el pedimento de fianza hecho el pasado lunes, «porque estamos en el plazo de las 72 horas que asumió para evacuar su decisión».
También pidieron el informe del perito Luis Emilio Audis Medrano, que fue impugnado por considerar que es una pieza fundamental de convicción que debe ser conocida antes de una vista decisiva.
Báez Figueroa, a su salida del tribunal, rehusó conversar con los periodistas.
En la vista estuvieron presentes además los abogados de Vivian Lubrano de Castillo, los de Luis Alvarez Renta y los de Jesús María Troncoso Ferrúa, así como la ayudante fiscal Ingrid Hidalgo, en representación del Ministerio Público. También presentaron sus alegatos los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos.
La vista, celebrada en la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, se inició a las 10:15 de la mañana y concluyó pasada las 4:00 de la tarde.
Báez Figueroa y Báez Cocco se encuentran en prisión desde el 14 de mayo pasado por disposición del fiscal del Distrito, Máximo Aristy Caraballo, luego de que el gobernador del Banco Central, José Lois Malkún, en un discurso en presencia del presidente Hipólito Mejía, denunciara un presunto fraude de 55 mil millones de pesos cometido en el BANINTER.
El magistrado tomó la decisión de reservarse el fallo de la solicitud de libertad provisional bajo fianza, luego de escuchar por varias horas, en cámara de consejo, a las partes envueltas en el proceso.
