La jueza Esther Agelán Casasnovas afirmó que el país se encuentra “en estado de vulnerabilidad” ante el desafío que plantea la delincuencia a través de la internet, por lo que sugirió fortalecer la educación y los controles para proteger a la sociedad de ese peligro.

Agelán Casasnovas dijo que República Dominicana ha logrado un gran adelanto tecnológico, pero igual ha subido de nivel la delincuencia en la red.

“Es buen momento para que despertemos y tomemos medidas para que el alfabetismo también sirva para proteger a los pequeños”, expresó la jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al ser entrevistada en el matutino “El Bulevar con Pablo McKinney”.

Señaló que el 43.9  por ciento de los dominicanos tiene acceso al internet, pero lo hace con gran temor porque están conscientes de que le pueden clonar su tarjeta de crédito o infectarle el computador a través de un mensaje o la lectura de una página.

La magistrada, quien es autora del libro “Ciberdelincuencia y política criminal”, informó que desde el 2007 el país cuenta con una normativa que sanciona este tipo de delitos. Se trata de la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología que dispone de los instrumentos y el régimen de sanciones para garantizar el derecho a la intimidad establecido en el artículo 44 de la Constitución.

En esos delitos se incluyen: interceptación telefónica ilegal, pornografía, acoso, hackeo y clonación de tarjetas

“La afectación a la intimidad se tutela por la Constitución. Si alguien se ve lesionado puede poner una querella y la sanción es de hasta cinco años de cárcel”, advirtió.

Dijo que actualmente existen cuatro millones de páginas pornográficas, por lo que consideró que el delito se ha vuelto “bastante complejo”.

“Lo más triste y preocupante es que utilizan países pobres, antes era a los países del este. Hoy hay mucho acceso a recursos tecnológicos para producir pornografía infantil. Hay grandes redes de pedófilos que se intercambian archivos”, agregó.

Agelán Casasnovas manifestó que el 67 por ciento de los adolescentes ha sido víctima de acoso sexual y no lo comentan con sus padres por temor a que les impidan seguir usando el internet.

Explicó que desde el año 2002 “tenemos la firma electrónica, lo que permite llevar a los tribunales los expedientes con prueba digital. Tenemos buena tecnología. Todavía nos falta la formación… la educación, en este tema”.

Consideró que los abogados debían prepararse mucho mejor sobre ciberdelito.

“En cualquier instancia un documento digital tiene validez como prueba en cualquier expediente”, aclaró la jueza, por lo que los afectados pueden recurrir a un tribunal a reclamar acción pública de instancia privada en la jurisdicción donde se registra el delito.

Señaló que ya hay decisiones judiciales firmes, especialmente condenas por clonación de tarjetas de crédito, que es el delito electrónico más perseguido en el país.

La magistrada dijo que en la lucha contra el cibercrimen juegan un papel destacado las empresas prestadoras de servicios de este tipo, porque pueden adoptar controles para limitar el empleo de sus plataformas para la acción delictiva.

Igualmente, planteó que la banca puede poner controles para pagos de determinados servicios utilizando sus tarjetas de crédito, lo que contribuiría a limitar acciones criminales a través de la red de Internet.