La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción decidió esta tarde aplazar para el próximo viernes a las 11 de la mañana, la audiencia preliminar con relación a la acusación presentada contra los imputados del asesinato de la adolescente embarazada Emely Peguero.
La decisión de la jueza Isolina Contreras Peralta, estuvo fundamentada en la seguridad que se requiere para las partes involucradas en el proceso, en virtud de que parta este martes y el miércoles, un conjunto de organizaciones han convocado a un parto de actividades.
Previo al aplazamiento de la audiencia el abogado de la parte querellante José Martínez Hoepelman, solicitó al tribunal acoger la presentación de acusación alternativa en contra de los imputados, a lo cual se opusieron los abogados de la defensa, argumentando que el plazo de 10 días que disponían ya estaba vencido.
La jueza rechazó el pedimento de acusación alternativa.
La audiencia preliminar se inició cerca del mediodía de este lunes y previamente la magistrada había rechazado el pedimento del padre de Emely Peguero, señor Genaro Peguero, de aplazar la misma en virtud de que el abogado Noel Medina, no se encontraba presente.
Por el crimen de la jovencita Emely Peguero, guardan prisión Marlon Martínez y su madre Marlin Martínez.
De acuerdo a la acusación presentada por el ministerio público, a Marlon se le acusa de asesinato y a su madre de complicidad.
La audiencia preliminar se inició con las calidades dadas por el ministerio públicos, los abogados de la parte querellante y los abogados de la defensa.
En la misma se debaten los medios de pruebas aportados tanto por el ministerio público como por la parte querellante y que darían lugar al mantenimiento o variación de la calificación jurídica que se le ha dado al caso.
A Marlon Martínez se le acusa de asesinato, incriminado por los artículos 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Dominicano.
A su madre Marlín Martínez, se le acusa de complicidad en el crimen, en violación a los artículos 59, 60, 61 y 62 del Código Penal Dominicano,
Los actores civiles además de sumarse al pedimento de las sanciones penales, plantean una indemnización de 20 millones de pesos.