El Tribunal Superior Administrativo reenvió para el viernes el conocimiento de la medida cautelar interpuesta por cinco envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP)   contra Pro Consumidor, debido a que el organismo los multó con la suma de RD$ 4.4 millones acusándolos de  estafar  a  sus clientes en el expendio del gas. También fue  aplazado para el 20 de noviembre  el conocimiento de otro recurso interpuesto por otra envasadora,  dependiente de Propagas,  contra Pro Consumidor.

“La primera audiencia de Propagas fue aplazada a los fines de que el tribunal regularice la notificación, ya que Pro Consumidor fue notificado ayer cerca de las 3:30 de la tarde por la empresa envasadora, no por el Tribunal. La jueza presidenta, Delfina Amparo de León Salazar,  entendió que debía regularizar a los fines de darle cumplimiento al debido proceso”, explicó el abogado de Pro Consumidor, Félix Pujols.

Con el recurso cautelar, Propagas busca que el tribunal  deje sin efecto las resoluciones mediante las cuales Pro Consumidor los multó al pago de 100 salarios mínimos, equivalentes a RD$2.5 millones,  por cinco envasadoras y 500 por una donde se determinó   que de 16 dispensadores 11 estaban alterados. 

Suplegas.  La jueza De León otorgó un plazo de 5 días para que la envasadora deposite documentos ampliatorios del caso, ya que Francisco Fernández, abogado de la empresa, alegó que la multa interpuesta por  Pro Consumidor carece de fundamento y de derecho.

 Los abogados de Pro Consumidor se quejaron de que los expedientes de Propagas  no fueron  dados  a conocer   en el tiempo correspondiente.

“Estoy  nerviosa  cada vez  que  vengo  a  esta  sala;  no puedo evitarlo,  nunca  se puede decir   con  exactitud  nada”,   dijo Miriam Paulino, interviniente voluntaria de las asociaciones de consumidores.

En tanto  que Luis  Ramón, de Propagas, comparó  la audiencia con  un circo.  Afuera del Tribunal, choferes de Fenatrano y amas de casa acusaban de ladrones a los envasadores de gas.