El Consejo del Poder Judicial (CPJ) decidirá en los próximos días sobre un proceso disciplinario que sigue a la jueza de la Cámara Civil y Comercial de La Romana, Altagracia Sánchez Molina, por supuestamente haber  aceptado un soborno de RD$200 mil para fallar a favor de un grupo que trató de timar a una empresa extrajera.

Se trata de una denuncia  presentada el 11 de febrero de 2011 en la que los representantes de la empresa Newco, INC se quejaron de que la jueza habría recibido el dinero a cambio de fallar un expediente a favor del señor Harvey Limon Perry.

De acuerdo con el detalle del caso  el señor Miguel Rodríguez Albizu se comprometió a vender un inmueble a Harvey Limon Perry por valor de un millón trescientos cincuenta mil dólares, empero luego recibió una propuesta de la compañía Newco por valor de un millón cuatrocientos mil dólares y optó por dejar sin efecto el compromiso de venta anterior y cerrar la operación con esa empresa y así se hizo constar.

Según la denuncia un grupo del que formaba parte el señor  Limon Perry simularon una demanda en ejecución de la promesa de venta que había sido dejada sin efecto, a fin de despojar del inmueble a la empresa Newco.

La demanda estaba basada sólo en la mención de la ‘promesa de venta’, debido a que no existía ni constaba en el expediente.

El caso llegó al tribunal de la magistrada quien, aún sin del documento que avalaba el querellamiento, falló en contra de la empresa.

En la investigación la magistrada admitió que falló sin el documento, pero argumentó que fue por inobservancia. Sin embargo, en el escrito de los abogados de la empresa se hizo referencia a la falta de esa prueba.

Supuesta trama.  La acusación relata que para fallar la magistrada recibió a través de su alguacil, Máximo Contreras, los RD$200 mil que les habrían sido entregados por el señor Edgar Daniel Tavárez Abreu “…para dar este fallo amparado en una prueba que ella no vio”, señala el informe.

Los inspectores precisan en sus conclusiones que no pudieron comprobar que la magistrada recibió el dinero, aunque sí establecieron que Contreras recibió la citada cantidad.

Además señalan que la jueza,  tiende a fallar con celeridad los casos de la oficina Avila Guilamo y  el abogado de los presuntos timadores es  Héctor Avila.

En apelación la empresa Newco  recuperó el inmueble del que ya habían sido desalojados.

Las claves

Los RD$200 mil

Los inspectores obtuvieron copia del recibo en el que consta que el ministerial Contreras recibió el dinero de Edgar Tavárez. Al ser cuestionado dijo que era para ejecutar un embargo que nunca hizo.

Relación con la jueza

La magistrada admitió tener una estrecha relación con el alguacil, a quien describió de su entera confianza. Se estableció que éste tiene acceso a los expedientes.