El presidente Donald Trump se extralimitó en su autoridad al revocar las prohibiciones a las perforaciones para extraer hidrocarburos en vastas regiones del Océano Ártico y en decenas de cañones marítimos en el Atlántico, determinó una jueza federal en un fallo que restauró las restricciones impuestas durante el gobierno de Barack Obama.
En una decisión emitida el viernes en la noche, la jueza Sharon Gleason desechó la orden ejecutiva de Trump que cancelaba las prohibiciones que eran parte crucial del legado ambiental de Obama.
De acuerdo con una ley federal, los presidentes tienen la autoridad para descartar ciertas zonas del desarrollo pero no pueden revocar esas decisiones, señaló Gleason.
“La redacción de las disposiciones de 2015 y 2016 del presidente Obama indica que él tenía la intención de ampliarlas indefinidamente, y por lo tanto son revocables solo mediante un acto del Congreso”, detalló Gleason, quien fue propuesta al cargo por el expresidente.
Un portavoz del Departamento de Justicia, Jeremy Edwards, declinó hacer declaraciones el sábado.
El Instituto del Petróleo de Estados Unidos, que figuró como acusado en el caso, manifestó su inconformidad con el fallo.
“Además de llevar suministros de energía asequible a los consumidores en las próximas décadas, el desarrollo de nuestros abundantes recursos marítimos puede proveer ingresos al gobierno por miles de millones de dólares, crear miles de empleos y también reforzar nuestra seguridad nacional”, explicó el instituto en un comunicado.
Erik Grafe, abogado de Earthjustice, aplaudió el fallo y señaló que “muestra que el presidente simplemente no puede pisotear la Constitución para hacer las licitaciones de sus amigos en la industria de los combustibles fósiles a expensas de nuestros océanos, fauna y clima”.
Earthjustice representó numerosos grupos ambientalistas que demandaron al gobierno de Trump por la orden ejecutiva de abril de 2017 con que revocó las prohibiciones a las perforaciones. El punto en el caso fue la Ley de Tierras Fuera de la Plataforma Continental.
El subsecretario interino de Justicia, Jeffrey Wood, dijo durante una audiencia ante Gleason en noviembre que grupos ambientalistas interpretaban erróneamente la intención de la ley redactada en 1953.