Hoy 
POR MANASES SEPÚLVEDA Y TANIA HIDALGO
La jueza del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Natividad Ramona de los Santos, continuaba deliberando pasada la 1:00 de la madrugada para dictar sentencia en el juicio que se le sigue a 56 oficiales activos y en servicio pasivo de la Policía Nacional acusados del usufructo de vehículos robados y luego recuperados por esa institución.
El juicio entró a su fase final a las seis y veinte de la tarde luego de las conclusiones finales del ministerio público y la réplica de algunos de los abogados de la defensa. A esa hora la jueza de los Santos se retiró a deliberar.
A la una de la madrugada, los imputados y abogados esperaban la decisión de la jueza en la explanada frontal el edificio del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, haciendo conjeturas sobre la decisión de la magistrada.
Ayer en la mañana el ministerio público representado por los licenciados John Garrido, Ninoska Cossio y Naida Richardson en sus conclusiones solicitó que se admita totalmente la acusación y que se ordene la apertura a un juicio de fondo a los imputados.
A los imputados se les acusa de sustracción, desfalco, prevaricación, abuso de confianza y asociación de malhechores.
Después de las conclusiones del ministerio público, empezó la réplica de algunos abogados de los imputados los cuales fueron los doctores Vinicio Aquino Figuereo, Ingrid Hidalgo, Jorge Eligio Méndez Pérez, Norberto Rondón, y Cándido Simón Polanco.
En audiencias anteriores la jueza De los Santos rechazó pedimentos de los abogados de la defensa como la exclusión probatoria de todos los medios, extinción de la acción penal, nulidad del proceso e inconstitucionalidad.
De todas las peticiones de la defensa la jueza acogió el de la anulación de todos los interrogatorios por haber sido hechos sin la debida presencia de abogados.
Fue necesaria la realización de veinte audiencias para que se llegara a la conclusión del juicio preliminar a los 56 oficiales activos y en servicio pasivo de la Policía Nacional y la presencia de 118 abogados.
La acusación a los oficiales se originó a raíz de una queja que llevó a cabo la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradotes (CADOAR), ante el Superintendente de Seguros doctor Euclides Gutiérrez Félix, sobre las pérdidas millonarias que tenían cada año esas empresas porque alegadamente la Policía usaba los vehículos que recuperaba.
Tras esto, se nombró una comisión investigadora integrada por dos oficiales superiores de la Policía Nacional y representantes de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Distrito Nacional, y de la Secretaría de Estado de Interior y Policía.
