La destituida jueza Altagracia Esther Mejía Roca reveló que no solo ella sino todos los jueces de su departamento judicial daban permisos a ciudadanos extranjeros condenados por droga para que viajaran a sus respectivos países.
Dijo que esa es una facultad del juez de Ejecución de la Pena, además de que eran permisos por razones de “humanidad”.
“Yo tengo jueces que han dado hasta un año de permiso a Estados Unidos y Holanda para que vayan a trabajar, porque aquí a esos internos no se les da permiso (para eso)”, dijo la exjueza de Ejecución de la Pena de San Pedro de Macorís, durante el juicio disciplinario que culminó con su destitución.
En ese sentido, afirmó que si a ella la estaban juzgado por eso, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) debía también juzgar a los otros 12 jueces del tribunal.
Admitió que fueron muchos los permisos que por razones humanitarias concedió a condenados extranjeros, no así a los dominicanos, y que todos los favorecidos han vuelto al país.
Refirió que en el caso de Gregory Tibor, condenado a cinco años de prisión por violación de la Ley 58-00, este regresó de Holanda a los dos meses, porque no tenía dinero.
Agregó que posteriormente falleció su suegra y volvió a darle permiso para que él pudiera llevarle sus dos hijos a una hermana para que los pidiera.
“Yo hice todo eso basado en la humanización de las penas; yo tengo 26 años en este poder al que le debo lealtad y gratitud; yo nunca he cometido acto de corrupción como dice el Ministerio Público…”, dijo la exjueza Mejía Roca.
Condenados favorecidos. Además de Tibor, a la exmagistrada se le atribuye haber dado un permiso de seis meses para viajar fuera del país a Nabila Ait Aoudia.
También a Alexander Moretti, uno en diciembre de 2014 y otro en mayo de 2015 para que cumpliera la pena impuesta fuera del país; Uno de seis meses a Jacobus Fransman, condenado a 9 años de prisión, y a Luis Ramos Fernández, condenado a cinco años de prisión, para supuestamente otorgarle un poder a uno de sus hijos para que cobre su pensión.
La defensa de Cepeda Martí. El destituido titular del Tribunal de tierras de Samaná, José Antonio Cepeda Martí, rechazó que haya fallado a favor de un familiar suyo una solicitud de aprobación de deslinde ordenado por una sentencia objeto de recurso de apelación.
Sobre la posesión de bienes inmuebles no declarados, el exjuez Cepeda Martí afirmó que todo lo que tiene es desde antes de agosto de 1998 cuando fue nombrado juez de paz.
Dijo que el solar donde está su casa fue comprado por su esposa, luego él compró 20 metros cuadrados para ampliar el solar, y que una nueva construcción tiene varios préstamos.