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POR TANIA HIDALGO
La jueza de instrucción Daira Medina prohibió ayer salir del país o de la ciudad a un grupo de oficiales y ex oficiales de la Policía, entre ellos al ex jefe policial Jaime Marte Martínez, implicados en el usufructo de vehículos robados.
La sentencia de la jueza interina del Primer Juzgado de la Instrucción establece que para salir de la ciudad donde resida cada uno de los implicados requerirán la autorización de las autoridades judiciales, además de que deberán presentarse los días siete de cada mes a la Fiscalía, por un período de seis meses.
La decisión de la magistrada Medina restringe los movimientos del mayor general Marte Martínez, del coronel retirado Fausto Tiburcio Batista, los generales de brigada Yuri Ruiz Villalona, Osvaldo Hernández de la Cruz (El Pachá), el ex general de brigada Ernesto Ovalles Concepción, el coronel Felipe Terrero García y el general retirado Pedro A. Hernández Reynoso.
«Acogemos las conclusiones del ministerio público en el sentido de que sean impuestas medidas de coerción en contra de los acusados consistentes en prohibición de salir del país, o de la localidad en la cual residen sin autorización y obligación de presentarse todos los días siete de cada mes por ante el fiscal durante un período de seis meses contados a partir de la fecha de la presente resolución», reza la decisión.
Asimismo, agrega, que en caso de que el fiscal requiera la presencia del grupo, en fechas distintas a la establecida, deberán presentarse, sin desmedro de la facultad legal que le asiste al fiscal de solicitar la revisión de esta decisión en lo relativo a las medidas impuestas, pudiendo hacerlo para que se adopten medidas más leves o más graves, conforme lo entienda.
Marte Martínez dijo que la medida es un impedimento a la Policía, ya que implica a oficiales activos que no podrán ejercer sus funciones fuera del Distrito Nacional y, por lo tanto, entorpecería las labores policiales.
El ex jefe policial consideró que la medida es un espaldarazo a la delincuencia.
Sostuvo que él y los demás oficiales y ex oficiales investigados han brindado sus mejores años al servicio del país y la sociedad.
«Es un atropello, un abuso y una desconsideración», dijo Marte Martínez, al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva pasadas las 6:00, tras concluirse la vista para conocer las medidas de coerción solicitadas por el fiscal.
Los abogados de los acusados dijeron que en los próximos días elevarán una instancia solicitando la revisión de la medida, porque impide el desplazamiento de oficiales activos que, por su condición, ameritan tener facilidades para movilizarse.
El fiscal José Manuel Hernández Peguero había solicitado al tribunal que fijara un impedimento de salida en contra de los oficiales activos y retirados, así como que se presentasen periódicamente ante las autoridades judiciales.
En la audiencia, Hernández Peguero fue representado por las fiscales Carmen Amarilis de la Cruz y Adrilia Dalmasí Vélez, quienes alegaron que tienen suficientes elementos para acusar a los siete oficiales y ex oficiales por uso de vehículos robados, además de considerar que podrían ser autores o cómplices de robo y asociación de malhechores.
En la vista, los abogados de los oficiales, Carlos Balcácer, Marino Elsevif Pineda, Frank Reynaldo Fermín, Santiago Rodríguez, Joan Alcántara, Ulises Santana, Richard Pérez y Jorge Méndez Pérez, solicitaron a la jueza que rechazara el reclamo del fiscal.
Sostienen que el dictamen del ministerio público deviene en inutilidad, ya que los mismos no abandonarán el país porque son inocentes.
AGENTES ENCUBIERTOS
Por otro lado, el ex jefe de la policía Marte Martínez, a su llegada al tribunal, dijo que «agentes encubiertos» merodean la residencia de los oficiales activos y retirados investigados en torno a la asignación de vehículos robados y recuperados, interfiriendo la intimidad de sus familiares, además de que sus teléfonos están intervenidos.
Denunció que durante los interrogatorios en la Fiscalía se emplearon tácticas y técnicas de presión sicológica que vulneran el andamiaje del Código Procesal Penal.
«Personas ajenas a los interrogatorios penetraban al lugar donde se practicaban para distraer la atención», dijo.
De acuerdo a la denuncia del ex jefe de la Policía, además de su residencia los «agentes encubiertos» vigilan las casas de los generales de brigadas retirados Ovalles Concepción y Hernández Reynoso.
«Mis teléfonos y los de los demás oficiales están intervenidos sin que haya una decisión judicial para esos fines», añadió.
ACUDEN A CIUDAD NUEVA
En otro, el ex consultor jurídico del poder ejecutivo, Guido Gómez Mazara, y el ex director del Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), Jesús Félix Jiménez, acudieron ayer por separado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Ambos ex funcionarios fueron vistos en las proximidades del tribunal donde se conocía la audiencia sobre las medidas de coerción solicitadas contra los oficiales y ex oficiales policiales.
Al ser cuestionado sobre los motivos de su visita, Gómez Mazara respondió que acudió a observar el funcionamiento de los tribunales, a propósito del nuevo Código Procesal Penal.
