Hoy 
La jueza interina de Ejecución de la Pena de San Cristóbal acogió ayer un recurso de amparo presentado por la reclusa Sobeida Félix Morel en el que solicitaba que se le permitiera la visita de su abogado.
La magistrada Rosa Mateo Álvarez adoptó la decisión a favor de la acusada de Lavado de Activos en la red que encabeza José David Figueroa Agosto tras considerar que el impedimento que tenía su representante legal, Félix Portes, constituye una amenaza inminente y continua del derecho de defensa.
En su decisión expresa que el tribunal pudo establecer como hechos probados que en varias ocasiones al abogado le fue impedido ver a la reclusa situaciones que de hecho, se traducen en violación a la protección de la tutela judicial efectiva del derecho fundamental de la defensa que le asiste a la interna Sobeida Felix Morel, circunstancias por las cuales este tribunal entiende que procede acoger el Recurso de Amparo invocado por la interna, precisa.
La sentencia también ordena el cese inmediato de la amenaza al pleno goce y ejercicio de su derecho de defensa, para que su abogado la pueda visitar.
Condena autoridades. En su dispositivo la sentencia condenó al procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; al director de Prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez y a la directora del Najayo Mujeres, Patricia Lagombra al pago de un astreinte ascendente a la suma de RD$10mil, por cada día que dejen de cumplir la decisión.
Corte recurrirá. El procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jesús Fernández Vélez, dijo que recurrirá la decisión en Casación ante la Suprema Corte de Justicia, argumentó que el recurso debió ser rechazado por falta de objeto debido a que la sanción impuesta a Félix Morel no le impedía la visita de su abogado.
Sanción
La decisión condena al procurador general, Radhamés Jiménez Peña; al director de Prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez y a la directora del Najayo Mujeres, Patricia Lagombra al pago de un astreinte de RD$10mil, por cada día que dejen de cumplir la decisión. Porte Núñez dijo que si las autoridades desacatan la decisión, llevará el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
