POR TANIA HIDALGO
La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Vanesa Acosta, favoreció esta madrugada con un auto de no ha lugar a los ex secretarios de Agricultura, Eligio Jáquez y José Antonio Fabelo, así como a otras 19 personas, acusadas de presuntas irregularidades en la distribución de los invernaderos durante el pasado gobierno.

La sentencia favorece además a Epifanio Jáquez,  Ramón Osiris Polanco, ex embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Sergio Uribe Castro, subsecretario de Agricultura y director del proyecto de Mercados Frigoríficos e Invernaderos (Promefrin), y a los hermanos Andrés, Fausto Porfirio y José Rafael Escarramán Hernández.

También a Manuel Augusto Santana, Leovigildo Bello Guerrero,  Julián Abreu Peña,  Julio Alejandro Trinidad Cruz, José Daniel del Rosario Valdez, José Sánchez Reyna, Francisco Alberto Collado Hernández, Juan Ramón Peguero Franco, Regino Valera de los Santos y Leonardo Francisco Sosa.

La jueza rechazó los cargos formulados por los fiscales contra el grupo por considerar insuficientes las pruebas para sustentar la acusación.

Asimismo, levantó el impedimento de salida del país que tenían.

Sostiene además la jueza que la acusación no fue individualizada para cada imputado y que el acta de acusación lesionó el derecho de defensa consagrado en la nueva legislación.

Entrevistado a su salida del tribunal a la 1:00 de la madrugada, Eligio Jáquez manifestó su satisfacción con la sentencia y dijo que espera que el gobierno ponga a producir los invernaderos que se importaron durante su gestión como secretario de Agricultura.

Decenas de personas acudieron a darle el apoyo a los inculpados, entre ellos, el senador Hernani Salazar, César Cedeño, ex secretario de Deportes, y Orlando Jorge Mera, secretario general del PRD. 

El ministerio publico, encabezado por el Procurador adjunto Ernesto Mena, y la fiscal adjunto Laura Guerrero, habían pedido al tribunal enviar a juicio de fondo al grupo y colocarle impedimento de salida, por incurrir en  violación de varios artículos del Código Penal que tipifican la asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza y la prevaricación, al estafar al Estado con más de RD$500 millones en la compra y distribución de los invernaderos.

Desde las 8:00 de la noche, fueron apostados decenas de agentes policiales en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, por razones de seguridad para prevenir desórdenes.

La entrada fue restringida a la sala de audiencias y solamente se permitía el acceso de las personas que estaban en una lista.

La jueza recesó a las 4:00 de la tarde e informó que regresaría a las 11:00 de la noche, pero fue hasta las 11:50 cuando regresó.