Neulyn González 
Hoy continúan el caso de Coral y los abogado de los acusado exponen su punto de vista y arremeten contra el ministerio público en foto: Yeni Berenice , hoy Duany Nuñez 7-5- 2021
Cáceres Silvestre se defiende de “imputaciones personales e institucionales” de Raúl Girón
La audiencia de medidas de coerción contra los seis imputados de integrar una red de corrupción gubernamental desarticulada por la Operación Coral tendría su fin el próximo lunes con el fallo que la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene previsto emitir a las 11:00 de la mañana.
La magistrada Kenya Romero deberá decidir si acoge la solicitud del Ministerio Público de declarar el caso complejo e imponer 18 meses de prisión preventiva contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El órgano acusador pidió al tribunal que la medida coercitiva sea cumplida en los centros de corrección y rehabilitación para hombres y mujeres de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
Los abogados de estos imputados solicitaron a la juzgadora que disponga libertad pura y simple o, de manera subsidiaria, que dicte medidas cautelares menos gravosas que la prisión preventiva.
En cuanto al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien durante la audiencia del jueves pasado declaró en contra del resto de encartados, el órgano de la persecución penal ayer varió, por motivos de seguridad, su pedimento de prisión preventiva por arresto domiciliario en una ubicación que le sería comunicada al tribunal de manera confidencial.
Además de esta medida coercitiva, el MP requirió al juzgado que el mayor Girón sea custodiado por agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) y que se le imponga impedimento de salida del país.
La medida que corresponde. La directora de Persecución del MP, Yeni Berenice Reynoso, justificó este cambio en beneficio de Girón al afirmar que dicha medida cautelar es “la que se corresponde con la responsabilidad asumida por el imputado y con las garantías que se debe en el proceso”.
A la pregunta de si la institución ha negociado con el imputado Girón a propósito de sus declaraciones, la procuradora adjunta respondió que el MP, en el transcurso de una investigación, “aplica las medidas procesales que el Código Procesal Penal les permite que sean aplicadas”.
Reynoso insistió en que el equipo del MP tiene en sus manos las pruebas que sustentan las declaraciones de Raúl Girón, quien describió con lujo de detalles cómo presuntamente operaba el entramado de corrupción en organismos castrenses.
Imputados replican. En la audiencia de medidas de coerción el mayor general Cáceres Silvestre, quien fue jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) durante la gestión de Danilo Medina, habló en estrado por tercera ocasión, puesto que, según manifestó, sentía la necesidad de responder “las imputaciones y calumnias, no solo de carácter personal, sino también institucional” que hizo Girón.
“El coimputado se refirió a que nosotros, los militares, si nos mandan a matar, matamos; si nos mandan a robar, robamos. Ningún militar está obligado a violar los preceptos éticos”; expresó el alto oficial.
Señaló que el mayor Girón se mostró “narcisista” mientras decía “imputaciones entre risas”.
Cáceres Silvestre también criticó la postura física que el mayor del Ejército mostró mientras exponía el jueves pasado ante el tribunal, “como si se sintiera cómodo en sus aguas”.
El exjefe del Cusep reiteró que solo posee una cuenta bancaria, de carácter institucional, en la que supuestamente solo recibía dinero por concepto de nómina, y que su patrimonio actual asciende a RD$64 millones.
Manifestó que su posición de liderazgo no le permitía exhibir conductas contrarias a la ética.
“¿Cómo van a respetar a un hombre que se dedicaba a buscar chelitos en el medio?”, se preguntó el militar en tono exaltado.
Aseguró que de los dos préstamos que ha tomado, uno en 2013 y el otro en 2014, solo ha pagado intereses y que todavía debe casi todo el capital.
Por su lado, Montero Cruz, imputado por tenencia ilegal de armas de fuego, reiteró en el estrado que no está implicado en el supuesto entramado y que Girón no lo mencionó en su declaración ante el tribunal.
