Prisión preventiva de 18 meses en la cárcel de Najayo impuso la jueza Fátima Veloz a Hugo Beras Ramírez, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y a Pedro Vinicio Padovani Báez, declaró el caso complejo para los siete que acusa el Ministerio Público de estafar al Estado con el contrato de Transcore Latam, en red de la Operación Camaleón.

Gómez está imputado por actuaciones de sus empresas Aurix S.A.S y Transcore Latam.

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La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional sometió a arresto domiciliario al español Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant. A tres: Frank Díaz Wander, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, le aplicó garantía económica, impedimento de salida del país y la obligación de presentarse periódica al tribunal.

La coerción de la magistrada fue a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Garantía económica de RD$2 millones deben pagar Díaz Wander, excoordinador del Despacho del Intrant y exrepresentante de Beras Ramírez en el Comité de Compras.

Con garantía económica de un millón de pesos quedaron Álvarez Carbuccia, exdirector administrativo y financiero del Intrant, y Peguero Vargas, a quien la Pepca le atribuye desviar para la empresa Insoprolol, S.R.L., dinero adjudicado a la empresa Transcore Latam, de Gómez. El tribunal fijó la revisión obligatoria de las medidas para el 9 de enero del 2025.

Jueza Motivo razón del fallo

La magistrada Veloz explicó ante las partes, de acuerdo a la abogada Laura Acosta, representante de Beras, que le impuso la prisión preventiva a Hugo Beras porque como él fue funcionario de alta jerarquía en el Intrant, existía riesgo para la investigación de la alegada red de corrupción en el Sistema Semafórico del Gran Santo Domingo. En esto punto, la abogada precisó que Beras no tiene poder para influenciar la investigación de este caso, ya que -en la actualidad- no es funcionario público.

Además, se pronunció sobre el hecho de que no pudo comprobar que durante el arresto, a Hugo Beras se violentaran sus derecho. Acosta sostuvo que debido a esto, ordenó su reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR), de la provincia de San Cristóbal.

La jueza acogió para tres la solicitud de la Pepca, de prisión preventiva a todos los apresados por presunta corrupción, lavado de activos, terrorismo, desfalco, sabotaje, robo de identidad, falsificación de documentos, entre otros crímenes penales, comercio ilícito, delitos de tecnología y violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas (Ley 340-06), por medio del contrato que el Intrant adjudicó a Transcore Latam por un monto de RD$1,317 millones.

El abogado de Gómez, Carlos Balcácer, dijo que el fallo se debió a la presencia de tres jueces en la audiencia, por considerarse espiados por su defendido. El procurador Camacho lo negó. Dijo que la decisión es por el “gran daño que hicieron los imputados”.