TANIA HIDALGO
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Tras aclarar que no le gusta polemizar públicamente con otros actores del sistima, la jueza presidenta de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Mirian Germán Brito, afirmó ayer que la ley prohibe a ese tribunal imponer una medida de coerción  más grave que la solicitada por el Ministerio Público en  audiencia.

Asimismo, enfatizó que es a la procuradora adjunta de la Corte de Apelación a quien le corresponde dictaminar ante esa instancia y no a una fiscal adjunta.

 La magistrada se refirió al tema a propósito de  las declaraciones emitidas por el fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, en el sentido de que  hizo una errónea interpretación del artículo 89 del Código Procesal Penal (CPP), al señalar que  la fiscal adjunta Wendy González no tenía  calidad para dictaminar ante esa instancia durante el conocimiento de la solicitud  de variación de medida  de coerción al intérprete de música urbana Antonio Peter de la Rosa (Omega).

“Yo no quisiera hablar más sobre eso porque no tengo hábito de protagonizar confrontaciones. Si el procurador fiscal está airado o molesto, yo lo siento, pero yo no estoy ni airada, ni molesta y creo que estos asuntos deben manejarse internamente entre él y el Procurador de la Corte de Apelación”, precisó.

Insistió en señalar que ambos son   actores del sistema “y se supone  debemos perseguir un mismo fin”. 

La Primera Sala de la Corte de Apelación está integrada, además, por Manuel Hernández Victoria y Katia Miguelina Jiménez.

   Capacitación.  En cuanto a la sugerencia de capacitación hecha por el fiscal, la magistrada  respondió: “Si el fiscal considera que debo ir a la escuela, gustosa voy, todavía puedo aprender, pero espero que él esté en la escuelita del lado, para que le expliquen el papel  del ministerio público en los distintos estamentos, y como soy una persona con cierta incapacidad para el rencor, en el recreo podríamos ver qué tiene la lonchera de cada quien para compartirla”.

Recordó que en el caso Dolfi González, quien fue víctima de violencia intrafamiliar, la fiscal adjunta actuante hizo ante el tribunal de segunda instancia una exposición brillante y tocó los aspectos técnicos más importantes, pero al momento de dictaminar quien lo hizo fue una procuradora adjunta. La sentencia de 30 años fue confirmada en todas sus partes.

Refirió que el fiscal consideró un agravio que se le preguntara a la querellante  si  había desistido de la acusación, “pero yo no le veo el agravio, porque ella estaba ahí”.  “Esta (guerra) no la empecé yo, pero ya la terminé”, enfatizó.

  Caso Omega enfrenta tren judicial

El cantante Omega   fue sometido a la justicia acusado de agredir físicamente a su esposa  Raysa Magdalena Moya.

  Producto de la querella, el juez de Atención a la Jurisdicción Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas,  le impuso  prisión preventiva de tres meses en la cárcel de Najayo.

 Posteriormente, sus abogados apelaron y la Corte, acogiendo el dictamen de la procuradora adjunta Jéssica Ramírez, dispuso su libertad, tras fijarle una garantía económica de un millón de pesos, a ser pagados a través de una compañía de seguros. En adición se le impuso la obligación de presentarse los días 15 de cada mes por ante el fiscal adjunto encargado de la investigación.

    Esta decisión fue tomada pese a  que la fiscal adjunta Wendy González, quien tuvo a su cargo las pesquisas del caso, motivara para que se mantuviera la prisión preventiva.

En su resolución  335-ps-2008, el tribunal de segunda instancia señala que quien tiene calidad para presentar conclusiones formales ante esa jurisdicción  es la procuradora adjunta de la Corte de Apelación.

 Luego,  la magistrada Miram Germán Brito  publicó un artículo en este matutino en el que abordó ese y otros aspectos de la resolución, lo que causó la reacción del fiscal Hernández Peguero, quien incluso pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, capacitar más a los jueces sobre el tema de violencia intrafamiliar, a fin de que cesen las malas interpretaciones de la legislación. El fiscal dijo que continuará con el caso, pese a que la querellante retiró la acusación.