La jueza interina del Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste, Nicole Mejía, declaró inadmisible la solicitud de medida de coerción real que interpuso la familia del desaparecido abogado Yuniol Ramírez, con la que buscaba la incautación de 400 millones de pesos en bienes de los imputados en tanto se produzca una sentencia.
La magistrada consideró que los solicitantes aún no tenían facultad para tal pedimento, primero porque estos no están admitidos formalmente como querellantes y segundo porque aún no hay una acusación formal.

Ayer también se conocería la revisión obligatoria de la medida de coerción a los vinculados en la muerte del abogado, entre los que figura el exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) Manuel Rivas, pero fue sobreseído el proceso en esa parte hasta tanto la Suprema Corte de Justicia decida sobre la recusación a los jueces de la Corte de Apelación, quienes a su vez están apoderados de un recurso contra la prisión.
El pasado 18 de enero abogados de la víctima recusaron a la Corte por sospecha legítima.
A su llega al tribunal, José Mercado, alías El Grande, uno de los acusados, pidió enérgicamente que se encuentre al culpable de la muerte de Ramírez, porque él no fue y aseguró que ese día, 11 de octubre, cuando habrían dado muerte al abogado, él estaba en Santiago.
Su defensa, Bunel Ramírez, aseguró que la Fiscalía tiene las evidencias de que El Grande no estaba en el lugar de los hechos, y así consta en varios videos.
Reiteró que ese interrogatorio, donde este confiesa los hechos, fue a base de tortura de la Policía Nacional, que lo obligó a firmar y que el mismo no tiene ninguna validez.

En un interrogatorio El Grande narra de forma detallada cómo él y Argenis Contreras (prófugo) sacaron a Ramírez de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y señala a Contreras como la persona que le disparó.