SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- La suspendida jueza del Tribunal de la Ejecución de la Pena, clamó para que el Consejo del Poder Judicial defina su status, tras señalar que una justicia tardía es una denegación y que moralmente la han destruido.

La magistrada Aleyda Jiménez, denunció que ha acudido en numerosas ocasiones ante los funcionarios judiciales correspondientes, pero no la reciben “es como si yo tuviera una peste o no sé qué” que me rehúyen.

“Moralmente me siento destruida”, tras advertir que defenderá su honorabilidad en el terreno que sea necesario.

Reiteró su llamado a los miembros del Consejo del Poder Judicial para que determinen su situación definitiva, pues su suspensión va para nueve meses.

Jiménez fue suspendida en el ejercicio de sus funciones como Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Judicial de Duarte, sin disfrute de sueldo, a raíz de variar la pena a Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), de prisión carcelaria y prisión domiciliaria, fundamentando su decisión en una serie de documentos que certificaban que el reo padecía de cáncer terminal en el sistema linfático.

Quirinito

Posteriormente fue declarada la supuesta muerte de Paniagua, pero su cadáver nunca se ha sabido donde fue llevado y las autoridades de la Procuraduría General de la República determinaron que éste se encuentra vivo y todo fue una maniobra para escapar de la prisión.

La suspendida jueza AleydaJiménez dijo que no valió de nada mantener en alto su honor durante 47 años que ejerció al servicio del Poder Judicial.

Apoyo a la magistrada. Diversos sectores de la sociedad, han manifestado su respaldo a la magistrada Aleyda Jiménez, de quienes dan testimonio de su honestidad y honorabilidad en el ejercicio de la administración de justicia.

En ese sentido se pronunciaron el Colectivo de Organizaciones Populares, que a través de su vocero Raúl Monegro, reclamó que sea definida la situación de la misma, pues está suspendida sin disfrute de sueldo, pero por su condición de jueza no puede ejercer su profesión de abogado.

Monegro dijo que es una injusticia que se ha cometido, en un poder judicial que alega estar podrido y que busca sacar de circulación a personas serias como la magistrada en referencia.

Entiende que la suspensión de Giménez debe ser revocada y devolver la credibilidad de los ciudadanos sobre su persona, como una persona seria.

En iguales términos se pronunció la profesora Odilin Morel, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de la provincia Duarte.

Los representantes de diferentes grupos sociales y populares de esta localidad no descartan que puedan estallar protestas en los próximos días exigiendo el esclarecimiento del referido caso.

También la seccional del Colegio de Abogados ha ofrecido su respaldo a la magistrada Jiménez.