La jueza interina del Tribunal de Ejecución de La Pena de San Cristóbal, Katherine Rubio Matos, afirmó ayer que no cometió ninguna irregularidad legal ni mucho menos actos de corrupción alguno, favoritismos o comercialización de su función en los permisos temporales que autorizó para 65 internos en ocasión de las festividades de fin de año.
En su defensa salió también la presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la misma jurisdicción, magistrada María G. Garabito Ramírez, quien acusó a la procuraduría general de difundir una información “exageradamente cruel, dañina, inexacta, mendaz y plagada de malicia”, contra la jueza interina.
Todo lo hizo por la regla. En un reporte que hizo a la Cámara penal de la Corte de Apelación, la jueza Rubio Mateo explicó que los días 26, 27 y 28 de diciembre pasado visitó todos los Centros a los cuales se les otorgó permisos, debido a las solicitudes que hicieron los internos, de pasar los días festivos junto a familiares y allegados, ya que la Ley 224 sobre Régimen Penitenciario establece cierto beneficios para éstos, solo cumpliendo con estándares objetivos establecidos en la misma legislación.
Señaló que de conformidad con dicha ley, la finalidad primordial de los permisos de salida del recluso son el afianzamiento de los vínculos familiares y sociales, la búsqueda de trabajo, y el alojamiento y documentación personal, “y como etapa de preparación sicológica para su futura vida en libertad, no se establece de manera directa en la ley ni reglamento emitido por autoridad competente alguna, más requisitos que éstos”.
En un informe que sobre su actuación remitió a la Cámara Penal de la Corte de Apelación, Rubio Mateo incluye los méritos que hacen calificables al grupo de condenados para el permiso de ley que les fue otorgado y posteriormente revocado a solicitud de la PGR, con excepción de Gian Enrique Rijas Matos, exchofer del capo David Figueroa Agosto, a quien no se le reconoce ninguna actividad en la que intervenga en el penal.
“Una realidad del trabajo que desempeñamos es que estamos expuestos a los medios, pero ver una actitud dañina frente a una persona que no ha cometido ninguna irregularidad legal ni mucho menos actos de corrupción alguno, favoritismos o comercialización de su función, amerita que nos sintamos heridos, no solo de manera personal en lo que a mí concierne, sino como uno de los tres poderes del estado que hasta el momento ha sido el más maltratado”, expresó.
Una Ley más clara. La jueza Rubio Matos consideró necesaria la creación de una ley especial o resolución que determine de una forma más clara bajo qué otras condiciones se establecerán las salidas de los reclusos, pues en la legislación actual eso queda bajo la decisión del juez, que solo está obligado a dar cumplimiento a la ley, “ pues aunque la Procuraduría General de la República tiene la administración directa de los centros penitenciarios y cárceles del país, a través de distintas instituciones, no es menos cierto que es el Poder Judicial quien tiene la autoridad para la emisión de los permisos, así como las libertades de los internos condenados”, dijo.
PGR busca desestabilizar PJ. La presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal dijo que la Procuraduría General “pretende desestabilizar el Poder Judicial difundiendo hechos falsos como la información de que la jueza Rubio Matos benefició con permisos a narcotraficantes, sicarios y violadores sexuales.
En comunicación dirigida al director general de administración de la Carrera Judicial, magistrado Justiniano Montero, la presidenta de la Corte de Apelación de San Cristóbal le señala que no es la primera vez que esos permisos se otorgan, “y de manera específica, a las mismas personas, quienes han cumplido al reintegrarse disciplinadamente en el tiempo en que debían hacerlo”.
Agregó que la jueza Rubio Matos duró aproximadamente una semana depurando con las autoridades de los centros penitenciarios, quienes son una dependencia de la PGR, los expedientes de los internos favorecidos.
Grave denuncia. La magistrada Garabito Ramírez criticó el protagonismo con que dijo, el MP quiere manejar los Centros Penales de ese departamento judicial respecto al cumplimiento de las penas de los internos.
Reveló que aunque esa área no le compete ni corresponde, según lo dispuesto en la ley “otorgan permisos al margen del Juez de Ejecución de la Pena, como es el caso de un condenado a 30 años por el caso Paya- Bani, señor Luis Lara, en fecha 01/01/2018; disponen de todo tipo de acciones ilegales en contra de los internos, sin tomar en cuenta la participación del Juez de Ejecución de la Pena, pretendiendo que las mismas sean posteriormente legalizadas o justificadas”.
Afirmó que como la jueza Rubio Matos conoce la legislación y la aplica, al MP y a otros actores “se le ha hecho difícil narigonearla o ponerla a su servicio, como ocurría con jueces anteriores”, lo que la convierte en una amenaza para ellos y por eso quieren hacerla salta del cargo.
Manejo desastroso. Indicó que en el orden administrativo, los Centros Penitenciarios son “ un monumento al desorden, la negligencia, la falta de gerencia, al desconocimiento total y absoluto de lo que tienen entre manos, pero que lo peor es que juegan al chantaje de no presentar los presos a las audiencias, no sabemos con qué fines específicos,…”