Mantener el limbo frente al FMI, no someter la reforma impositiva en julio, dejar que el acuerdo con el Club de París se caiga y relajar la disciplina fiscal y monetaria es equivalente a jugar a una profundización de la crisis con la intención de que las próximas autoridades se encuentren con ingresos fiscales reducidos, indicadores macroeconómicos agravados y un sector eléctrico colapsado por apagones financieros.

Hace más de un año sosteníamos que la repostulación era incompatible con la estabilidad macroeconómica y los incumplimientos de las autoridades en las dos primeras revisiones del acuerdo con el FMI nos dieron la razón al respecto. En la primera revisión de septiembre el gobierno violó los topes del endeudamiento externo, comprando los apagones a Unión Fenosa, pero también incumplieron varios topes técnicos que aparecen en las «dispensas» enumeradas en la segunda carta de intención del 23 de enero de este año.

Pero si en la primera revisión del programa las autoridades reconocieron la inobservancia en una serie de criterios cuantitativos de desempeño, en la actual los incumplimientos abarcan metas fiscales, pero también metas indicativas e importantes criterios de desempeño estructural.

Dentro de los criterios cuantitativos de desempeño el balance del sector público no financiero registró un déficit de 8,630 millones de pesos, frente a una meta de 300 millones de superávit, también la contratación de deuda externa por el sector público superó el techo previsto en el programa. De igual forma el techo acumulado de los préstamos de la banca local al gobierno experimentó una desviación cercana a los dos mil millones de pesos. Y aunque las reservas internas netas se mantuvieron dentro del piso del programa debe ser motivo de preocupación la reducción de estas en US$78.3 millones, entre marzo y el 18 de mayo, aparentemente para adquirir combustible vía el Banco de Reservas.

El incumplimiento de algunos de estos cuantitativos de desempeño y algunas metas indicativas (como el nivel de gasto de gobierno central y el cambio en los depósitos del gobierno en el Banco Central) podrían justificarse debido a un nivel de inflación y una tasa de cambio mayor a los supuestos del programa, lo que no tendría explicación son las violaciones a criterios de desempeño estructural como la no interferencia administrativa en el mercado cambiario y el compromiso de someter al congreso el proyecto de reforma tributaria antes de finalizar el mes de julio.

Esa incompatibilidad entre los intentos continuistas y el mantenimiento de la estabilidad explican perfectamente los incumplimientos de las metas y topes en dos revisiones sucesivas; ahora bien, superado el trance electoral, no tiene justificación el que las autoridades pretendan aprovechar la transición para rehuir a sus responsabilidades, dejando el acuerdo en el limbo e incumpliendo la presentación al congreso de la reforma impositiva, cuyos borradores han costado millones de pesos a los contribuyentes gracias a pagos espléndidos a los asesores económicos externos.

El Fondo Monetario Internacional ha dejado muy clara su posición y al respecto el pasado 27 de mayo el Director de Relaciones Externas, Thomas Dawson, respondiendo preguntas acerca del status del acuerdo con la RD declaró «es crítico que ambos equipos trabajen juntos en la transición para tomar las decisivas medidas necesarias para restaurar la estabilidad macroeconómica y la confianza de los mercados».

La inobservancia de los topes y metas de la primera revisión, incluyendo la compra de las EDES, costó a este país el aumento de la tasa de cambio del 32×1 a un nivel superior al 50×1, incremento de la inflación, descenso de varios peldaños en la clasificación riesgo-país, así como la posposición de la recuperación económica, que se manifestó en una segunda carta de intención con estimados menores para el crecimiento del PIB y mayores para la inflación, deuda pública y el défici cuasi-fiscal para este año.

Mantener el limbo frente al FMI, no someter la reforma impositiva en julio, dejar que el acuerdo con el Club de París se caiga y relajar la disciplina fiscal y monetaria es equivalente a jugar a una profundización de la crisis con la intención de que las próximas autoridades se encuentren con ingresos fiscales reducidos, indicadores macroeconómicos agravados y un sector eléctrico colapsado por apagones financieros.

Este gobierno tiene la gran oportunidad de borrar parte de su pobre desempeño en materia de política económica brindándole al país una transición fluida donde se tomen todas las medidas que sean necesarias, de común acuerdo con la próxima administración, dirigidas a restaurar la estabilidad macroeconómica y recuperar la confianza; por el contrario incumplir los compromisos contemplados en la carta de intención equivale a cerrar un mandato jugando a profundizar la crisis y profundizar el deterioro de la calidad de vida de las mayorías.