La suspensión del comandante de la dotación policial de Puerto Plata, coronel Bell Fernández, y el zafarrancho montado por el ministro de Salud, no eximen al gobierno de su responsabilidad en la masiva violación al aislamiento social ocurrido en la Novia del Atlántico.

La participación en el evento de diferentes instituciones gubernamentales comprometen su responsabilidad oficial en un aislamiento que representa la primera línea de contención del Coronavirus.

Por más claro que haya quedado la permisividad oficial ante ese evento, y por más sorprendente que resulte, el gobierno pretende limitar su rol al de un simple espectador ante la ilegal manifestación pseudo religiosa de Puerto Plata, cuando su responsabilidad es tan obvia y mayúscula.

Es impensable creer al gobierno no estaba al tanto de lo ocurrido, cuando la demostración llegó a Puerto Plata luego de que el día anterior se había expresado parecido fenómeno en Imbert.

Nadie le puede creer a las autoridades que puedan tener capacidad para apresar a individuos aislados por violar el toque de queda, en barrios de la capital, y que no pueda hacerlo con una procesión de las proporciones de la que se manifestó el sábado en Imbert y el domingo en Puerto Plata.

Porque además del conocido sistema de inteligencia y seguridad que tiene instalado el gobierno,se acaba de anunciar con bombos y platillos la instalación del Centro de Comando, Control, Comunicaciones Computadoras, Ciberseguridad e Inbteligencia, C5i, pomposamente inaugurado por el presidente Danilo Medina, como un ente orientado a manejar datos «en tiempo real», justamente sobre seguridad nacional y comportamiento del Coronavirus.

Es muy cuestionable que mientras a los ojos de todo el mundo se permitió esa violación de bulto al aislamiento, luego de ella fue permitido que una caravana de vehículos del candidato oficialista Gonzalo Castillo, violara el toque de queda, en supuesta labor de fumigación en zonas en las que se desarrolló la tumultuosa violación.

Una y otra son violaciones muy específicas a la Ley de Estado de Emergencia vigente, que comprometen al mismo tiempo la responsabilidad y la permisividad gubernamental en lo relativo a la violación a la Ley, por lo que no puede escapar el Poder Ejecutivo a que al menos se le juzgue como aquel evasivo juez Pilatos que lavó sus manos ante el sacrificio de Jesús.

*El autor es Director de Seguridad y Suplente de Delegado del PRM en la JCE.