La sociedad debe aspirar a que bajo toda circunstancia el indulto, definido como un perdón, gracia o privilegio extraordinario, se conceda con arreglo a normas de equidad y en atención a los merecimientos de los reclusos. No más.

Se trata de un acto de clemencia que aplicado con sabiduría y sentido de justicia devuelve la libertad a ciudadanos que con su conducta en la cárcel, y habiendo cumplido la mitad de las penas impuestas, permiten suponer que difícilmente volverían a delinquir.

No obstante, alguien con mucha autoridad, encargado desde hace años de un programa cristiano que lo ha vinculado constantemente a la realidad de las cárceles locales, describe de un modo muy negativo los indultos que se conceden en la República Dominicana.

Los califica de vergonzosos y el resultado de un trabajo sin transparencia que desprestigia al Ministerio Público y a las organizaciones que participan en la selección de los beneficiarios.

Fray Arístides Jiménez Richardson, coordinador nacional de la Pastoral Penientenciaria de la Iglesia Católica, formuló esta apreciación sin especificar hechos y sin incluir comentarios sobre cnductas individuales.

Pero tiempos antes de su pronunciamiento, y por vía de él mismo y de otros críticos, el país conoció y se escandalizó con algunos casos de excarcelaciones inaceptables.

Lo primero es que reos de expedientes de narcotráfico han recibido el perdón sin claro cumplimiento de los procedimientos establecidos y en contradicción con la ley que en lo fundamental exceptúa de la gracia los delitos de ese género.

Por igual el otorgamiento en masa de este perdón ha sido seguido en ocasiones por diversos cuestionamientos, incluso por favorecer con aparente ligereza a convictos de homicidios demasiado recientes, en desprecio a las víctimas de crímenes y sus familiares.

En otras situaciones la opinión pública ha sido impactada por noticias de que expresidiarios, recién perdonados, han incurrido en crímenes como violaciones de menores, a veces más graves que los delitos que motivaron sus condenas.

Contrastando agudamente con esta facilidad en perdonar y olvidar, con frecuencia las autoriddes permiten que enfermos graves o terminales continúen en los penales aunque la ley autoriza a liberarlos.

Una que otra vez Bagregamos- trasciende que a presos que calificaban claramente para el indultos, se les ha dejado fuera del proceso borrando sus nombres para colocar los de otros que por sus faltas a la sociedad deberían

haber seguido cumpliendo sus penas.

El próximo indulto a conceder con motivo del 16 de agosto, debería servir al país como prueba irrefutable de que las autoridades no permitieron que el proceso escapara de sus manos ni se apartara de principios.

El indulto es una institución necesaria, tradicional, y debe seguir sirviendo para mostrar compasión sin acentuar lo incorrecto en perjuicio de la nación.