Madrid.  EFE.  El juicio en el Tribunal Supremo español a Baltasar Garzón por haber ordenado escuchas a los acusados de un caso de corrupción, quedó ayer visto para sentencia después de un alegato final del célebre magistrado, que defendió a capa y espada su actuación.

“Asumo todas y cada una de las decisiones. Fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad”, afirmó Garzón, tras reiterar que grabar las conversaciones entre los acusados de la llamada “trama Gürtel” (que afecta a antiguos altos cargos del Partido Popular) y sus abogados era la única vía posible para evitar que la red corrupta siguiera delinquiendo desde prisión.   Garzón se enfrenta a una pena de entre 10 y 17 años de inhabilitación que piden las acusaciones, que son los propios abogados de los imputados en la trama, quienes le achacan los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales.  

Pero el famoso juez, que alcanzó notoriedad internacional en 1998 cuando ordenó detener al dictador chileno Augusto Pinochet, y que instruyó también casos de desaparecidos en Argentina en virtud de la justicia universal, cuenta con el respaldo de la Fiscalía, que reclama la absolución al considerar que no hubo ningún delito al ordenar las escuchas.   En su turno de última palabra, el juez subrayó que asume todas y cada una de sus decisiones y que no violentó ni lesionó el derecho de defensa de los acusados.   El magistrado, que está suspendido en sus funciones de la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, ha insistido durante los tres días de este juicio en que las grabaciones eran necesarias para evitar que la trama siguiera blanqueando capitales y enviándolos a paraísos fiscales.   La orden de intervenir las comunicaciones entre los cabecillas y los abogados fue otorgada a petición de la policía.