En el mismo tribunal en Brooklyn donde los jurados han escuchado testimonios sobre el imperio de drogas de Joaquín “El Chapo“ Guzmán, un ex procurador de justicia mexicano se declaró culpable el mes pasado de recibir sobornos de narcotraficantes.
Esa yuxtaposición resalta un tema persistente en el juicio contra Guzmán: cómo la corrupción oficial generalizada en México complica los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para investigar y capturar a los involucrados en el tráfico de drogas.
Los jurados deberán a comenzar sus deliberaciones el lunes luego de 11 semanas de testimonios que incluyeron un desfile de antiguos socios de Guzmán que hablaron de cuantiosos sobornos a funcionarios de alto nivel.
Uno de ellos declaró que el cártel de Sinaloa le pagó 10 millones de dólares, dos veces, a un comandante de la Policía Federal mexicana. Otro dijo que el ex jefe de la seguridad federal recibió un pago de 6 millones, al tiempo que un general pagó 100,000.
Los testigos hablaron de cómo Guzmán tuvo una escolta policial tras escaparse de la prisión y cómo se les pidió a políticos ayuda para embarcar 100 toneladas de cocaína en un buque-tanque.
En el testimonio más sensacional, uno de los ex colaboradores de Guzmán dijo que escuchó a éste alardear de que le había pagado 100 millones de dólares al entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
“La corrupción ha sido desenfrenada», dijo Arturo Fontes, un ex agente del FBI que se pasó años investigando la organización de drogas de Guzmán. “Sabíamos siempre que había riesgo de que la información le llegase a la persona errónea».