La séptima jornada del juicio seguido a seis imputados del caso Odebrecht significó un paso de avance luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional superara la fase incidental y ordenara al Ministerio Público leer la acusación formulada contra los encartados.

Al iniciar la lectura del escrito acusatorio, que consta de un total de 518 páginas, el Ministerio Público describió cómo operaba en el país la estructura delictiva de la constructora Odebrecht, que pagó en sobornos más de US$92 millones para lograr la adjudicación de obras estatales, y cuál fue la participación en ese entramado de los acusados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista García, Tommy Galán y Roberto Rodríguez.

Mientras el órgano acusador leía el documento legal, los abogados defensores, quienes ya habían escuchado la acusación durante la audiencia preliminar del caso, planteaban objeciones bajo el argumento de que ese pliego acusatorio no era el que había acogido el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, en su auto de apertura a juicio y, por tanto, los togados solicitaban que se hicieran observaciones y correcciones durante la lectura, algunas de las cuales fueron aceptadas por el Primer Tribunal Colegiado del DN.

La lectura del expediente acusatorio inició al mediodía y para el final de la jornada, alrededor de las 4:30 de la tarde, el Ministerio Público solo había leído hasta la página 55, por lo que se espera que esta parte del juicio tarde varios días. La audiencia continuará el próximo jueves a las 9:00 de la mañana.

El último incidente. El tribunal que componen las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo ordenó la lectura de la acusación tras rechazar un incidente interpuesto por la defensa del imputado Conrado Pittaluga, mediante el cual buscaba anular el proceso judicial bajo el alegato de que la interceptación del teléfono de su hijo Conrad Pittaluga, coordinador de la barra defensora, le violó el derecho a la privacidad de su defendido y que se había incurrido en un fraude procesal.