Siento una extraña fascinación explicable por los aborígenes de nuestra América. Por la grandeza de la civilización Maya y de los Azteca, el indómito coraje de los Caribe, la mansedumbre ingenua de los Tainos, el valor y la dignidad de los guaraní de Bolivia y Paraguay, dos pueblos sufridos y humillados, pueblos tristes y, como tantos otros, desangrados por sus crueles explotadores y sus muchos dictadores que no le han dado paz ni sosiego.
El petróleo no solo ha provocado golpes de Estado en América Latina. También desencadenó una guerra, la del Chaco (1932-1935), entre dos pueblos pobres de América del Sur, Guerra de los Soldados Desnudos como fue llamada la feroz matanza recíproca de Bolivia y Paraguay. De sus hijos Era una disputa entre dos empresas petroleras enemigas, y a la vez socias del Cartel, pero no eran ellas las que derramaban la sangre. Paraguay ganó la guerra pero perdió la paz, nos dice Galeano con sus venas aun abiertas.
Contra ese estado de explotación y marginación ancestral, no ha faltado lo que llamaría Martí la integridad y vergüenza de unos pocos de la talla del General Estigarribia, en Paraguay, quien redactó y proclamó la Constitución liberal del 1940, aprobada por la Asamblea Constituyente para ser derogada por sus enemigos y detractores y volver al pasado luego de su accidentada muerte. Ya en el presente siglo emergen figuras de la estatura de Evo Morales, indigenista, y de Fernando Lugo, un religioso católico que abandonó los hábitos para dedicarse con pasión desde el gobierno a promover políticas reivindicativas de los derechos de su pueblo.
En sendas constituciones vigentes, de Bolivia y de Paraguay (Art. 225), se reconoce la figura del Juicio Político para todos los cargos electivos de manera similar a lo dispuesto en el Artículo 83 de la Constitución Dominicana, en la Constitución del 1844, como en la de Bosch del 63. También se condena el golpe de Estado por asonadas militares o civiles que rompen con la institucionalidad democrática.
La diferencia de forma y de fondo está clara. Por eso el Gobierno conservador de Colombia muestra su conformidad con la destitución de Lugo, aunque el Juicio Político haya sido una burda maniobra de negros presagios, mientras los gobiernos liberales de Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Venezuela, Bolivia y RD lo rechazan como un atentado al Estado de Derecho. Con Bosch, no se tuvo esa sutileza: la finalidad era derrocarlo. Por eso Evo ve su barba en remojo y advierte situaciones no controlables como premonitorias de un posible juicio político o intento de derrocamiento.
Al tomar posesión de su mandato el presidente Lugo juró respetar el ordenamiento Constitucional y democrático vigente y lo ha cumplido. El alegado mal manejo de su gobierno, o su conducta personal cuestionada por hijos no declarados o desconocidos impropia de gobernante, no era motivo suficiente para su destitución. Había que provocar un acontecimiento de mayor gravedad y la matanza de 17 campesinos y unos pocos militares vino como anillo al dedo a la Doctrina del Shock que ilustra el auge del capitalismo del desastre.