La jueza Yanibet Rivas del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, continúa este lunes con el juicio preliminar que se sigue a los imputados de las operaciones Coral y Coral 5G, acusados por el Ministerio Público de corrupción administrativa.

En la audiencia del pasado viernes, varios abogados de los imputados presentaron sus respectivas réplicas contra el órgano acusador.

Además, Héctor López Rodríguez, parte de la defensa de la pastora Rossy Guzmán, consideró que el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón, debería estar sometido en el expediente del caso Coral, puesto que, a su juicio, fue el único que aceptó los cargos.

El abogado también minimizó las pruebas presentadas por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), a fin de evitar ser enviados a juicio de fondo.

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Entre los acusados de la Operación Coral además de Adan Cáceres Silvestre también figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En tanto que por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, son procesados además del general Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción -según el Ministerio Público– operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Inicialmente, a los imputados en estos casos les impusieron medidas de coerción de 18 meses de prisión preventiva, pero al concluir este tiempo, les han sido variadas por arresto domiciliario y otras menos gravosas.

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