“Hay que llevar con bastante cautela el tema de la investigación criminal y por eso nosotros siempre defendemos que haya una supremacía del Ministerio Público en el proceso investigativo, toda vez que hay que resguardar los derechos fundamentales de las personas, independientemente de la imputación en que se le implique”, precisó.

Aclaró que en un Estado democrático no puede recurrirse a dispositivos que vayan en contra de la Carta Magma, señalando, además, la importancia de respetar los derechos de las personas.“Hay principios que son universales, como es el de la presunción de inocencia, que hay que resguardar, porque un Estado democrático, moderno, jamás puede recurrir a mecanismos que sean contrario a la Constitución y a los derechos de los individuos”, alegó.

Entiende que, si bien hay que prevenir, perseguir y sancionar severamente, a quienes incurren en violaciones a  la ley, lo cierto es que debe hacerse siempre en el marco de lo que establece la Constitución y las normas procesales.

“En ese sentido, no puedo acusar a la Policía de que está violentando derechos fundamentales, pero me resulta inquietante que República Dominicana siga siendo uno de los países del mundo que hay mayores niveles de casos de letalidad policial, es decir, de muertes violentas, que incrementan las estadísticas de muertes violentas por cada cien mil habitantes y que un volumen tenga que ser por casos de intercambio de disparos”, cuestionó.

El representante en la Cámara Alta, por la provincia Santiago, consideró que los niveles de actos delictivos pueden reducirse sin la necesidad de que se produzcan muertes violentas entre agentes policiales y supuestos delincuentes, en los denominados intercambios de disparos.

“No me resulta razonable, porque no hay una reducción del crimen relacionado con ese tipo de método, hay países de América Latina que han logrado reducir los delitos, incluso en los Estados Unidos, en Nueva York y en Los Ángeles, ha habido una reducción drástica y no ha habido un solo caso de de una violación a los derechos de un imputado, de un presunto delincuente”, puntualizó.

Estimó que hay que garantizar que las investigaciones sean tan profesionales, que garanticen procesos judiciales debidamente investigados, sustanciados y con evidencias vigorosas, que impidan que cualquier tecnicismo haga que burlen la persecución judicial, de forma que “nosotros favorecemos que se investigue”.