El abogado Julio Cury insistió hoy en la creación de un juez de ejecución de lo civil y comercial, tras considerar que es la única forma de evitar la comisión de abusos con motivo de embargos ejecutivos y desalojos.

Asimismo, Cury se manifestó en desacuerdo con que el Ministerio Público sea quien otorgue el auxilio de la fuerza pública para tales fines, pues «aunque sea un órgano del sistema de justicia, la Constitución delega expresamente esa función a los tribunales del orden judicial».

“El art. 149, párrafo I, de nuestra Carta Magna establece que la función judicial consiste no solo en administrar justicia para decidir conflictos, sino también en ejecutar lo juzgado, y a renglón seguido aclara que su ejercicio corresponde a los tribunales, y el Tribunal Constitucional ha considerado que se trata de una manifestación típica de su potestad jurisdiccional, y por tanto, que debe ser el Poder Judicial el que ejerza tal potestad ejecutiva”, expuso el jurista.

Indicó que las vías de ejecución han dado y seguirán dando lugar a atropellos por la ausencia de un juez llamado a comprobar “no solo la autoridad y fuerza ejecutoria de la sentencia o título esgrimido para proceder a su ejecución, sino también a la expresa exigencia legal de que para ello debe hacerse acompañar de fuerza pública autorizada a tales efectos”.

Recientemente la empresa Tavares Industrial denunció que fue objeto de una intentona de embargo ilegal durante el cual se produjo un incidente que degeneró en un tiroteo entre agentes de seguridad de esa empresa y un grupo de hombres que portaban armas de fuego que pretendieron penetrar en ella.

“Es inaceptable que en un sistema acusatorio como el que prevalece entre nosotros, sea el Ministerio Público, que es una parte del proceso penal, el que conceda la fuerza pública”, señaló.

Insistió en que en apego a lo que consagra la Constitución y a precedentes del Tribunal Constitucional que reafirman la competencia de los tribunales judiciales de hacer efectivo el cumplimiento de sus propias decisiones, su auxilio sea dispuesto por un juez de la ejecución civil, lo cual, en opinión de Cury, operaría como garantía social en la preservación de vidas y bienes.