Hoy 
POR JESÚS DE LA ROSA
Tercer hijo del matrimonio de Juan Isidro Ortega con Antonia Frier, Julio Ortega Frier nació en la ciudad de Santo Domingo el 30 de junio de 1888. De 1905 a 1909 cursó estudios generales en el College of Arts, Ohio State University, Columus, Estados Unidos de América, y jurídico, de 1919 a 1922, en la antigua Universidad de Santo Domingo.
Abogado de profesión, Julio Ortega Frier ocupó en dos ocasiones, de 1937 a 1938 y de 1943 a 1947, el cargo de Rector de la Universidad de Santo Domingo, rebautizada a la caída de la tiranía trujillista con el nombre de Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Julio Ortega Frier fue uno de los reformadores de la escuela dominicana de principios del siglo 20 y el ideólogo de la construcción de la moderna ciudad universitaria.
El 29 de noviembre de 1916, un tal capitán de navío Harry S. Knapp, comandante de la flota del Atlántico de la Armada estadounidense, proclamó el establecimiento en la República Dominicana de un gobierno militar de los Estados Unidos «sin el objetivo inmediato o ulterior de destruir la soberanía dominicana, sino por el contrario, con la intención de brindar ayuda al país para que retorne a una situación de orden interno que le permita cumplir con los términos del Tratado de 1907».
Inmediatamente después de formalizada la ocupación militar, las leyes dominicanas fueron sustituidas por las llamadas órdenes ejecutivas. Una de ellas, aparecida el 4 de diciembre de 1916, declaraba a los ciudadanos dominicanos inelegibles para detentar en el gabinete del gobierno militar las carteras de Interior y Policía y de Guerra y Marina.
De Julio Ortega Frier cabe decirse que no se opuso a la Intervención Militar Norteamericana de 1916; que fue un colaborador del gobierno interventor y que fue uno de los funcionarios de más renombre de la dictadura trujillista.
No olvidemos que cuando se produjo la ocupación militar norteamericana de 1916, Julio Ortega Frier era un señorito de la sociedad dominicana que se había educado en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué podía esperarse de él? ¿que hiciera causa común con Fabio y Viriato Fiallo, Américo Lugo, Manuel Arturo Peña Batle y con otros patriotas de «la pura y simple»? ¿que se uniera a uno de los grupos que en la Región Este del país combatía contra las fuerzas militares interventoras?
No era de esperarse que un joven dominicano, que hablaba correctamente el inglés, blanco por demás, no hiciera otra cosa que no fuera colaborar con los ocupantes yanquis.
Durante la ocupación norteamericana de 1916, «las obras públicas continuaron y con ellas la ejecución de los programas de fomento de la educación primaria del país, así como la organización del sistema sanitario. Para desarrollar la enseñanza primaria, el Gobierno Militar promulgó una nueva Ley de Enseñanza en abril de 1918 y creó un Consejo Nacional de Educación encargado de la supervisión general de la instrucción pública en el país. Durante los años de 1917 a 1920, el Gobierno Militar construyó varios cientos de escuelas, grandes y pequeñas, en las ciudades y en los campos y el número de estudiantes matriculados subió de unos 20 mil que había en 1916, a más de 100 mil. La inversión en educación que hizo el Gobierno Militar fue bastante alta, si se tienen en cuenta que anteriormente éste era un aspecto bastante descuidado de la administración pública» (Moya Pons; Frank «Manual de Historia Dominicana}, Editora Corripio, Santo Domingo, 1981).
Una de las primeras medidas del gobierno de la intervención fue crear una Comisión de Educación integrada por los señores Monseñor Adolfo A. Nouel, Pelegrín Castillo, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Federico Henríquez y Carvajal, Federico Velásquez y Julio Ortega Frier encargada de realizar un diagnóstico del estado en que se encontraba la instrucción pública y de aportar medidas y soluciones a los problemas de ese sector.
El gobierno interventor nombró a Julio Ortega Frier como Superintendente General de Enseñanza.
Fue Julio Ortega Frier quien formuló la Ley de Instrucción Pública Obligatoria; la Ley que reglamentaba la selección y el nombramiento de los servidores docentes; y el cuerpo de leyes que normaron la instrucción pública del país en tiempo de la intervención: la Ley Orgánica de la Enseñanza Pública; La Ley para la Dirección de la Enseñanza Pública; la Ley de Enseñanza Universitaria; y la Ley sobre el Seminario Conciliar.
Todas esas leyes fueron promulgadas por el gobierno militar interventor mediante órdenes ejecutivas.
Por medio de la Ley para la Dirección de la Enseñanza Pública se creó por primera vez en el país el Consejo Nacional de Educación, como organismo rector de la educación dominicana. El artículo primero de dicha ley dice: «Se establece un Consejo Nacional de Educación para el gobierno de la enseñanza pública en todos los aspectos. Su potestad reglamentaria a este respecto es plena; por consiguiente la previsión de casos especiales o en enumeración de poderes, en las distintas leyes de enseñanza, cuando tengan carácter reglamentario, no se considerarán restrictivas de tal potestad».
Esas leyes formuladas por Ortega Frier y promulgada por el Gobierno Militar yanqui anularon todas las anteriores que regían aquí en materia de instrucción pública y de paso dieron al traste con los resabios de la enseñanza normalista, engendro del maestro y patriota puertorriqueño Eugenio María de Hostos.
No fue hasta 1932 cuando Julio Ortega Frier incursiona de nuevo en la vida pública, esa vez formando parte, junto a otras renombradas personalidades, de una Comisión nombrada por Decreto del presidente Rafael Leonidas Trujillo encargada de formular un ante proyecto de Ley de Enseñanza Universitaria. Además de Julio Ortega Frier, formaban parte de la Comisión los señores Luis Aybar, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Arturo Logroño, Eduardo Soler, Pedro Henríquez Ureña, José Joaquín García, Francisco E. Benzo y Manuel de Jesús Pellerano Carvajal.
La nueva Ley de Enseñanza Universitaria autorizaba al Consejo Universitario a establecer equivalencias entre estudios universitarios realizados en el exterior y los cursados aquí. También, facultó al Poder Ejecutivo léase a Trujillo en persona a nombrar los catedráticos de la Universidad de Santo Domingo sin necesidad de que mediaran concursos de oposiciones. Así fueron nombrados, mediante el decreto No. 857, como rector y catedráticos de la más antigua Universidad del nuevo mundo, las siguientes personas: Juan Tomás Mejía, rector; y como catedráticos los señores Julio Ortega Frier, Jacinto B. Peynado, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Manuel de Jesús Camarena Perdomo, Arturo Logroño, Leoncio Ramos, Federico Henríquez y Carvajal, Francisco Moscoso Puello y otros.
Mediante el decreto No. 167 del 29 de octubre de 1943, Julio Ortega Frier fue nombrado por segunda vez Rector de la Universidad de Santo Domingo. Días después de hacerse efectivo dicho nombramiento, el presidente Trujillo promulgó la Ley no. 440 mediante la cual se destinaron recursos económicos para la construcción de la Ciudad Universitaria. El artículo primero y único de dicha Ley decía así: «Del superávit económico que se opere en el presupuesto del año 1943 en curso, se dispone la cantidad de $500 mil para iniciar la construcción de la Ciudad Universitaria de acuerdo con el plan cuatrienal trazado por el Poder Ejecutivo, cuyo costo se ha estimado en dos millones».
El 15 de enero de 1944, el presidente Trujillo promulgó la Ley No. 487 mediante la cual se declaró de utilidad pública la adquisición por el Estado de terrenos para la construcción de la Ciudad Universitaria.
El 17 de agosto de 1947 se inauguró la Ciudad Universitaria, conjunto de modernos edificios construidos para alojar la Universidad de Santo Domingo que operaba en un viejo edificio de la calle arzobispo Portes equina Las Damas. La ceremonia inaugural contó con la presencia del presidente Trujillo acompañado por los miembros de su gabinete y por otras personalidades de la vida pública.
Se dice que la construcción de la Ciudad Universitaria fue idea de Julio Ortega Frier y que éste tuvo que emplearse muy a fondo para convencer al dictador de lo beneficioso que resultaría la edificación de dicha obra. Claro está que nada de ello está documentado porque en tiempos de la dictadura trujillista todo lo bueno que se hacía se debía «a las sabias iniciativas del presidente Rafael Leonidas Trujillo».
Como expresamos al principio, Julio Ortega Frier colaboró con los militares yanquis que intervinieron la República Dominicana en 1916; y fue uno de los más destacados sustentadores de la dictadura trujillista. Todo eso es verdad; pero, no podemos dejar de reconocer que fueron muchos los aportes de Julio Ortega Frier a la educación en beneficios de las generaciones de ayer y de las generaciones de hoy que disfrutamos del hermoso campus de la UASD.
El 15 de febrero de 1931, Max Henríquez Ureña fue nombrado Superintendente General de Enseñanza. Días después de su nombramiento, Max Henríquez Ureña le envió a Trujillo un voluminoso informe relativo a la situación en que se encontraba la escuela dominicana. En su informe se refería a la existencia de maestros sin títulos, a la falta de supervisión, a la escasez de libros y de materiales didácticos, a la necesidad de una cuidadosa revisión de los planes de enseñanza; y a la conveniencia de reorganizar la enseñanza agrícola, comercial e industrial y a otros problemas que afectaban la buena marcha de las labores docentes. Cuatro meses después, don Max Henríquez Ureña renunció al cargo que ocupaba y en su lugar fue nombrado Osvaldo Báez Soler.
El 15 de diciembre de 1931 arribó al país, precedido de una gran fama, Pedro Henríquez Ureña, hijo de la poetisa Salomé Ureña.
Pedro Henríquez Ureña, después de una larga estancia en el exterior, regresaba al país a bordo del vapor Coamo para ocupar el cargo de Superintendente General de Enseñanza.
A instancia de Trujillo, por supuesto, autoridades, intelectuales, profesores y estudiantes le dieron un cálido recibimiento al «Sócrates dominicano» quien había renunciado a su la docencia en la Universidad de Buenos Aires para ocupar la importante posición que el tirano le ofreciera.
Pedro Henríquez Ureña no pudo ostentar el cargo de catedrático titular de la Universidad de Buenos Aires en virtud de una resolución que disponía que sólo podían ser titulares los argentinos nativos o naturalizados.
Los periódicos de la época reseñan la caravana que acompañó al ilustre intelectual hasta el recinto de la Universidad y de los discursos pronunciados en la ocasión.
Pedro Henríquez Ureña disponía de un reputado bagaje intelectual. Su obra literaria era conocida en todo el continente. Al parecer, la escuela dominicana quedaba en muy buenas manos. Pero, el ambiente de la dictadura no era su ambiente y pronto comprendió que debía marcharse.
Al igual que su hermano Max, en los primeros meses de su gestión, Pedro Henríquez Ureña se dedicó a investigar el estado de la instrucción pública y a pensar en las soluciones de los problemas que la afectaban: ofreció cursos de capacitación para los maestros en servicios; nombró comisiones para el estudio del funcionamiento de los centros escolares; ordenó que los días sábados fueran incluidos como días laborables; dispuso la reorganización de la enseñanza básica; estableció un nuevo plan de estudios para las escuelas Normales; puso en vigencia el programa de estudios de geografía evolutiva de Eugenio María de Hostos; revisó la enseñanza del idioma castellano; creó escuelas de artes y oficios; puso a circular una llamada Cartilla Cívica, supuestamente escrita por Trujillo; y otras iniciativas en pos del mejoramiento de la enseñanza pública.
En 1932, a instancia de Pedro Henríquez Ureña, se reabrió la Facultad Libre de Filosofía de la Universidad de Santo Domingo que había sido clausurada durante la Intervención Norteamericana de 1916. Volvieron a la Universidad los viejos hostosianos: Max Henríquez Ureña; Viriato Fiallo; Américo Lugo; Andrés Julio Aybar y otros. Pero, ni ellos ni Pedro Henríquez Ureña duraron mucho tiempo impartiendo docencia en la vieja universidad convertida ya en un centro de propaganda trujillista.
En medios de grandes precariedades materiales y dentro de un ambiente enrarecido por una cruel dictadura, Pedro Henríquez Ureña no pudo echar a andar sus planes de reformas de la escuela dominicana. En junio de 1933, desalentado y envuelto en el silencio, se marchó de nuevo, esa vez para no regresar jamás.
Pedro Henríquez Ureña murió víctima de un ataque cardiaco el sábado 11 de mayo de 1946 mientras viajaba en un tren de La Plata a Buenos Aires. Sus restos mortales descasan en el Panteón Nacional.
