SAN JUAN. La mayoría de los integrantes de una junta federal de control aprobaron el jueves nuevas medidas de austeridad para Puerto Rico bajo el argumento de que ayudarían a reavivar la economía y a crear más empleos, pero el gobernador de la isla lanzó una ráfaga de tuits en los que prometió impugnarlas.

Las medidas, incluidas en varios planes fiscales que servirán como el plan económico de la isla para los próximos cinco años, incluyen un recorte promedio de 10% a un sistema de pensiones que enfrenta pasivos por casi 50.000 millones de dólares, en medio de una recesión que se ha extendido por más de 10 años.

Otras medidas incluyen el cierre de prisiones, la consolidación de docenas de agencias estatales y reducciones significativas en subsidios gubernamentales a los 78 municipios de la isla y a la mayor universidad pública de Puerto Rico.

La junta dijo también que el gobierno puertorriqueño debería recortar a la mitad el pago de salarios por enfermedad y por vacaciones, y eliminar el bono navideño.

«Nadie debería creer que estas reformas están siendo implementadas sin un beneficio claro y directo para el pueblo de Puerto Rico», dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta que fue creada por el Congreso estadounidense.

«Esto requerirá decisiones difíciles y una ejecución disciplinada, pero el beneficio claramente lo vale». Una integrante de la junta, Ana Matosantos, votó en contra de los planes afirmando que hacen recortes demasiado profundos y no ofrecen un camino realista para la recuperación del gobierno de Puerto Rico.

«No puedo respaldar tanto dolor por tan pocas promesas», dijo. «Simplemente hay demasiado riesgo, demasiadas cosas negativas para el pueblo de Puerto Rico y su futuro bajo estos planes».

El gobernador Ricardo Rosselló se mostró en desacuerdo vía Twitter durante el discurso de Jaresko, señalando que la junta no cuenta con la autoridad para implementar las medidas de austeridad.

«Nuestra posición es clara: asunto de política pública que no esté alineado con la visión del gobierno, simplemente, no se ejecutará. Punto», tuiteó Rosselló.

La junta podría acudir a la corte para obligar a Rosselló a implementar las medidas. Apenas un mes antes de que el huracán Maria azotara el territorio el año pasado, la junta demandó a Rosselló por negarse a implementar despidos y recortes de pensiones propuestos.

El presidente de la junta, José Carrión, dijo confiar en que el gobierno acatará las medidas y advirtió que, de no hacerlo, la junta revisará el tema.

«Eso incluiría acciones jurídicas», subrayó. La junta preparó siete planes fiscales para el gobierno y las agencias públicas de Puerto Rico.

Los tres planes principales fueron aprobados el jueves, casi un año después que el territorio estadounidense se declarara en una de las mayores bancarrotas municipales en la historia de Estados Unidos. Otros cuatro planes serán sometidos a votación el viernes.

Horas antes de que comenzara la primera reunión el jueves, el gobierno de Puerto Rico anunció que trataría de recortar su fuerza laboral, ofreciendo a algunos trabajadores incentivos para que se vayan, incluso en los departamentos de policía y educación.

Gerardo Portela, director ejecutivo de la autoridad financiera de la isla, dijo que estos trabajadores pueden seguir recibiendo su salario durante cierto tiempo a medida que hacen la transición a la rama privada o al sector sin fines de lucro.