Después de un año cobrando sin trabajar, la Junta Central Electoral (JCE) decidió ayer retirarle el pago a un grupo de empleados de la Consultoría Jurídica suspendidos en el 2009 por una serie de irregularidades detectadas durante el ejercicio de sus funciones.
El caso involucra a unos 27 abogados y ayudantes en la asignación y tramitación de expedientes sin el pago de los impuestos correspondientes, y de vulnerar un sistema informático.
Los investigados. Por esas irregularidades fueron investigados por el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, las subconsultoras jurídicas de la JCE Ivelisse Grullón Grullón Gutiérrez y María del Pilar Merán Alcántara; las abogadas Rosmy Arias Collado, Evelyn Odalís Ramírez Luna, Damaris Sánchez Gómez y Yoselyn Dolores Paulino Camacho, y el empleado Bladimir Paredes.
El Informe. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, entregado el 19 de Julio del 2009 al entonces presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, Roberto Rosario, la mayoría de los interrogados responsabilizó a la Grullón Gutiérrez de las violaciones al procedimiento para el manejo de los expedientes VIP.
Lo dijo el Fiscal. Moscoso Segarra consignó en su informe que cuando Grullón Gutiérrez fue citada para hablar sobre el caso, acudió acompañada de su esposo, Luis Antonio Moquete Pelletier, quien en ocasiones hizo las veces de traductor judicial de algunos de los expedientes firmados por la funcionaria, los cuales no contaban con el debido pago de los impuestos de ley.
Decisión dilatada. Aunque agendó varias veces el caso de los 27 suspendidos con disfrute de sueldo, el Pleno de la pasada JCE no pudo tomar una decisión al respecto, supuestamente porque algunos de los implicados tenían padrinos entre los jueces.
Pero ahora se decidió a actuar y tomó la decisión.