Hoy 
POR GERMAN MARTE
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el grupo cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) expresaron ayer que al cancelar al oficial del Estado Civil Luís Felipe Rodríguez la Junta Central Electoral (JCE) envía una mala señal a la sociedad dominicana, que reclama mayor transparencia en la administración pública.
En declaraciones separadas, coincidieron en señalar que la JCE no debió cancelar a Rodríguez por denunciar anomalías en las oficialías de Estado Civil, sino investigar los señalamientos que hizo. Empero, ambas entidades reconocieron que el alto organismo electoral tiene facultad para sancionar o destituir a funcionarios bajo su dependencia.
El viernes, el pleno de la JCE canceló «por conveniencia en el servicio» a Rodríguez, oficial civil de la duodécima circunscripción tras sus denuncias de que históricamente las oficialías han sido convertidas en fuentes de enriquecimiento para el oficial del Estado civil. El funcionario demandó que la JCE cumpla la ley 8-92 que establece que las actas deben ser gratuitas y que a los oficiales civiles se les debe asignar un sueldo fijo.
Luís Scheker Ortiz, coordinador de PC, consideró que la decisión de los jueces de la JCE «no fue la más prudente». Sostuvo que en vez de cancelar a Rodríguez, la Junta debió investigar si sus denuncias estaban fundamentadas o eran falsas.
«Con esta cancelación del Estado civil se le manda una mala señal a la sociedad dominicana, pues se debió investigarse más a fondo antes de tomar una medida tan drástica y con un motivo tan insustancial como es ´conveniencia en el servicio´».
De su lado, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de FINJUS, consideró que la JCE debió ser más prudente y sopesar la situación, aunque respeta los mecanismos internos de cada institución y reconoce que el organismo tiene facultad de cancelar a los oficiales del estado civil.
Sin embargo, sostuvo, lo trascendente de todo lo que ha pasado es que las situaciones que se han denunciado merecen que la JCE establezca políticas claras de supervisión sobre las oficialías del Estado Civil.
«Si alguna enseñanza se puede sacar de todas denuncias hechas por Rodríguez es que no ha habido un control efectivo sobre las oficialías, lo cual es posible que haya sido como consecuencia de que el alto organismo electoral se haya tenido que concentrar tanto en los asuntos electorales», recalcó Castaños Guzmán.
Lo que la población no entiende, agregó el vocero de Finjus, es que se cancele a Rodríguez, aún cuando se entienda que violó procedimientos internos, pues da la impresión de éste tiene la intención de crear iniciativas y de que se corrigieran problemas en las oficialías.
Consideró que al funcionario cancelado se le debió dar una oportunidad y si se le quería sancionar debieron amonestarlo, no cancelarlo.
De acuerdo con el presidente de la Finjus, el caso de Rodríguez refleja la necesidad de que las instituciones realicen sus funciones de manera más transparente, que escuchen todo tipo de crítica, y no vean en estas sólo el lado negativo, sino también el positivo.
