Con Julio Brea Franco, quien sigue siendo el dominicano que más y con mayor profundidad conoce y maneja entre nosotros el tema de las elecciones dominicanas, aprendimos que el proceso electoral tiene un antes y un después del día de la votación. Por tanto, lo que podríamos llamar la primera fase empieza con la proclama que emite la JCE para dejar abierto el período eleccionario y la tercera o última fase inicia después de la votación y concluye con la juramentación de los elegidos.

[b]Estamos, pues, en campaña electoral.[/b]

Hago estas puntualizaciones iniciales, a manera de premisa, porque estoy asombrado y casi alelado por la actitud asumida por la Junta Central Electoral, algunos observadores de CAPEL y la Comisión de Seguimiento a los Trabajos de la JCE ante las múltiples denuncias sobre uso de los recursos del Estado por parte de quienes promueven la reelección del Presidente Hipólito Mejía.

Pero más que denuncias, el uso de los recursos públicos, entiéndase de los vehículos de motor del gobierno, de las inauguraciones de obras públicas financiadas con fondos estatales, de programas sociales como las llamadas ventas populares del Instituto de Estabilización de Precios y el solapamiento de actividades proselitistas con actos oficiales, está a la vista de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Los noticiarios de radio, las plantas de televisión y los periódicos del país presentan casi todos los días las palabras y los actos electorales de funcionarios del gobierno del más alto nivel, incluyendo las del ciudadano Presidente de la República, actos que se presentan como actividades de inauguraciones o reinauguraciones de calles, carreteras, caminos vecinales, escuelas, edificios para oficinas públicas, acueductos, canales de riego, viviendas, entrega de certificados de tierra, etcétera.

Ante esta realidad, la Junta Central Electoral, algunos delegados de CAPEL y la Comisión de Seguimiento a los trabajos de la JCE se han limitado, en el mejor de los casos, a pronunciar palabras, exhortaciones o deseos de buena voluntad. Algunos delegados de CAPEL fueron más lejos y minimizaron las denuncias.

La verdad es que CAPEL, los miembros de la Comisión y otros sectores de la vida nacional pueden hacerse de la vista gorda, asumir una pose de indiferencia o minimizar los hechos, como están haciendo algunos, pero la Junta Central Electoral tiene otra responsabilidad. Ella es, en primera y última instancia, el órgano institucionalmente responsable de montar unos comicios que sean técnicamente eficientes y con reglas que garanticen la igualdad de competencia y que eliminen todos los elementos que puedan alterar la pureza del proceso en su conjunto.

Todos sabíamos que la repostulación del Presidente Mejía conllevaría un uso desbordado de los recursos públicos a su favor. Por una razón sencilla, los precedentes históricos son muchos y relativamente recientes. Además, Mejía no ha dado la menor muestra de que, en esta materia, sea diferente a los que en otras oportunidades han querido mantenerse en el poder. El ahogó la dirección de su partido, se hizo hacer una reforma constitucional a la medida –con un silencio cómplice de importantes sectores de la sociedad civil–.aplastó a sus adversarios dentro del PRD y ahora apela a una máxima propia del tercermundismo y según la cual el poder es para usarlo.

Si la Junta Central Electoral no garantiza ahora reglas claras y limpias en esta fase del proceso electoral, no podrá hablarse de unos comicios limpios. Porque las elecciones no solo están constituidas por la votación. Queremos y necesitamos un régimen jurídico adecuado, queremos los fondos de los partidos a tiempo, queremos las boletas bien impresas, queremos una buena campaña publicitaria y educativa, queremos un centro de cómputo moderno y eficiente y una seguridad militar sin cambios de última hora –así como está dicho, sin cambios de ultima hora–, pero también hay que garantizar igualdad de condiciones en la búsqueda de los votos, en el proselitismo diario, en el acceso a los medios de comunicación social.

La Junta Electoral, pues, tiene que darse por enterada. Sus directivos y miembros tienen que escuchar la radio, ver la televisión, leer los periódicos, enviar sus inspectores a los lugares donde el oficialismo realiza sus actividades, para que se entere, para que se de cuenta, para que tome nota de lo que está pasando, que no es pequeño.

En días pasados vimos cómo un brote de sinceridad hizo que el principal responsable de la OMSA admitiera ante los periodistas de varios medios de prensa que las guaguas del transporte público del gobierno estaban siendo utilizadas en la campaña electoral, y dijo que lo hizo porque en otros gobiernos se había hecho igual. Ante esta admisión, la Junta Electoral no ha dicho absolutamente nada y el Presidente de la República quiso, como suele hacer, reducir el asunto a un chiste: esas son monerías de Castillo.

La Junta Electoral tiene, en síntesis, que actuar. Las elecciones constituyen un proceso que no puedeser reducido al día de la votación. Si otros sectores se sienten satisfechos porque se esté preparando de manera adecuada la votación del 16 de mayo, aunque se utilicen los recursos gubernamentales para promover uno de los candidatos, allá ellos. Pero la Junta no puede adoptar una postura resignada. Tiene que considerar todo el proceso: antes de la votación, durante la votación y después de la votación. Y en la fase de ahora hay, de parte de la candidatura del partido de gobierno, un uso abusivo de los recursos públicos.

Esperemos por el árbitro.