Troi Orlando Espejo 
El Pleno de la Junta Central Electoral y la Procuraduría General analizaron ayer las acciones mancomunadas, con respecto a lo que ordena la Ley 20-23 en materia de crímenes y delitos electorales, el estatus de la logística para la implementación del voto penitenciario, entre otros temas.
El propósito según una nota de la JCE, era coordinar acciones para las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo de 2024, pues la Ley 20-23, en su artículo 322, destaca que todas las acciones contra los crímenes y delitos electorales son competencia de la Procuraduría General de la República (PGR) y en específico las investigaciones serán realizadas por la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales.
Puede leer: Pablo Ulloa: «Estamos dejando que las cárceles sean operadas por el crimen organizado»
El texto indica que asimismo, trataron las acciones que deben realizar de manera conjunta durante las elecciones. La compra de cédulas fue la denuncia de mayor peso en los comicios de febrero.
En la reunión en la PGR, estuvieron el presidente de la Junta, Andrés Jáquez Liranzo, los miembros Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa.
En tanto que por la Procuraduría, la procuradora general, Miriam Germán Brito y el procurador especializado de Crímenes y Delitos Electorales, Iván Félix.
