Juntas de vecinos de Gazcue en tour de protestas 

Juntas de vecinos de Gazcue en tour de protestas 

La Unión de Juntas de Vecinos de Gazcue iniciará a partir de este lunes once de abril una novedosa modalidad de protestas para reclamar  a las autoridades públicas que presten atención a los diversos problemas que afectan a esa comunidad del Distrito Nacional.

Los moradores de Gazcue se reunirán desde las nueve de la mañana  en el  parque de la avenida Bolivar,  donde nace la calle José Contreras,  para trasladarse en minibuses hasta la sede principal del Ayuntamiento del Distrito Nacional  en el Centro de los Heroes.

Esa primera visita está pautada para las diez de la mañana.  A las once y media  visitarán la Fiscalía del Distrito Nacional en el Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, donde se prop0nen contactar a las autoridades del Ministerio Público.

La  decisión de realizar el tour de protestas, que se extendería más adelante a otras instituciones públicas relacionadas con la problemática urbana,  fue adoptada por una asamblea de ciudadanos de la comunidad convocada por todas las juntas de vecinos y otras organizaciones sociales del sector, donde también participó la regidora Consuelo Despradel, del Partido Revolucionario Dominicano.

Huberto Henríquez, presidente de la Unión de junta de vecinos del sector, dijo que  en el Ayuntamiento del Distrito Nacional esperan reunirse con el alcalde Roberto Salcedo y con los bloques de regidores  de los diversos partidos para entregarles un documento  con las observaciones de los vecinos sobre la situación de esa tradicional barriada capitaleña.

Manifestó que el  documento planteará las preocupaciones de los residentes de Gazcue por las violaciones de las normas de uso de suelo, la proliferación  de negocios indeseables, el  corte indiscriminado de  árboles,  la invasión  y mal uso de espacios públicos, el creciente deterioro de las aceres y contenes, y los permisos indiscriminados para establecer parqueos  aceras.  

Dijo que también se  reclamará una revisión de la política de  conservación de obras inventariadas  que afecta a  más de 300 familias  que se encuentran en la miseria porque se les prohíbe disponer de sus viviendas, por ser obras arquitectónicamente valiosas.  

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