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POR LLENNIS JIMÉNEZ
El 36.6% de los ciudadanos procura integrarse a una junta de vecinos, espacios que se han constituido en uno de los modelos organizativos de preferencia para la participación de la gente en los sectores vulnerables del país.
Así lo establece el Proyecto Sistema de Alerta y Acción de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que en una muestra de Control Ciudadano de la Justicia, le otorga el porcentaje superior a la participación que tiene la gente en estas entidades comunitarias.
Mientras que a nivel provincial, en el caso de La Vega, la organización de la población en juntas de vecinos se eleva a un 65.4%, y en La Romana, representa un 40%.
El estudio también incluye a Peravia, donde por el contrario, se evidenció que el mayor peso lo registran las organizaciones de campesinos, con un 27%.
En Peravia, después de las juntas de vecinos, los grupos de mujeres son las organizaciones con mayor nivel de organización barrial, por lo que figuran con una aceptación de un 25%.
El estudio sobre el funcionamiento de las fiscalías de los Distritos Judiciales de La Vega, La Romana y Peravia está auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El informe indica que a nivel del campo, las organizaciones comunitarias del Sistema de Alerta, se han interesado en trabajar en la mejora de la justicia, siendo los ejes definidos la transparencia y el acceso ciudadano a los servicios judiciales.
El Control Ciudadano de la Justicia señala, sin embargo, que más del 90% de las organizaciones participantes en los procesos no identificaban la justicia como eje de trabajo, sino que enmarcaban su accionar en demanda de servicios básicos. Entre sus solicitudes estaban el agua potable, arreglo de calles, suministro de electricidad y peticiones para que se les brinde mejores servicios de salud y educación.
El reporte precisa, a partir de este enfoque, que las organizaciones barriales definían su quehacer por asuntos inmediatos y coyunturales.
Precisa que las demandas de los sectores eran de un 67.3% en La Vega, 53.1% en La Romana y un 58% en Peravia.
El vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo en la presentación que contiene el estudio, que el Proyecto Sistema de Alerta y Acción es una experiencia de Control Ciudadano en el ámbito de la justicia penal. Señaló que a partir del monitoreo de la labor de sus actores e instituciones identifican las debilidades y formulan propuestas para mejorar el accionar y el servicio de las instancias judiciales.
Castaños Guzmán manifestó que el proyecto desarrolla herramienta para incidir en las políticas públicas en el sistema de administración de justicia.
